Carta abierta a Boric (II): Narrativa versus realidad en las relaciones económicas internacionales

Señor Presidente:

La presente es la segunda carta abierta que prometí hacerle llegar, sobre relaciones económicas internacionales. Tratándose de un tema donde la opinión pública acumula interrogantes, espero usted sabrá entender que estas reflexiones sean compartidas.

Son días previos al plebiscito constitucional, y se entiende que otros temas sean prioritarios en su agenda. Pero más allá del resultado del mismo, para la estabilidad del país, la política comercial y de inversiones es clave siempre. Tan es así, que reviste carácter especial dentro de las políticas públicas, siendo simultáneamente parte de la política exterior y de la política económica nacional. Por lo tanto la Subsecretaría a cargo, aunque depende de Cancillería, en los hechos siempre ha debido cultivar una relación cercana con Hacienda.

Es comprensible entonces el escozor causado hace algunos meses por el Subsecretario del área al anunciar una consulta ciudadana sobre política comercial, a efectos de “legitimar” esta última y no “quedar fuera de la discusión global”, según explicó. Mientras la canciller admitió que el Subsecretario no le había informado detalles, el ministro de Hacienda dijo no haber sabido en absoluto de la idea, debiendo ambos ministros puntualizar que los tratados de Chile en la materia son legítimos per se, dada su aprobación legislativa.

Aunque hoy la iniciativa es descrita como una mera “escucha online” de stakeholders, persiste la sensación de descoordinación e incertidumbre. En la opinión pública pesa, Presidente, el hecho que usted mismo y los ministros Jackson y Vallejo integraran como parlamentarios una especie de bancada de Chile Mejor sin TLCs, colectivo que se opone incluso a la modernización del acuerdo Chile-UE; y el hecho que tanto el programa original de gobierno suyo como el de la anterior candidata presidencial del Frente Amplio hayan propuesto la revisión general de tratados comerciales vigentes (no futuros).

El cuestionamiento del Frente Amplio a la política comercial que Chile ha mantenido por 40 años, tiene, en consecuencia, raíces antiguas. Por lo tanto, contrarrestar las dudas sobre la posición actual de su Gobierno requiere más que palabras de buena crianza en giras al exterior. Nadie razonable podría discrepar de un propósito como el desarrollo de un comercio sostenible, inclusivo y respetuoso del medio ambiente. Pero la consecución de este fin no puede hacerse a partir de negar la trayectoria nacional en la materia.

La modernización de los acuerdos comerciales para incluir, por ejemplo, dimensiones de género y medioambiente es un proceso que la Subrei realiza desde hace décadas, y lo mismo vale para la participación de la sociedad civil, que ha tenido lugar en forma de cuartos adjuntos. A su Gobierno parece incomodarle reconocer que Chile tiene un liderazgo global en materia de negociaciones comerciales, a pesar que éste explica que un país latinoamericano de tamaño mediano cuente con la mayor red de TLCs del mundo. Resulta absurdo -perdone la franqueza- que el gobierno anuncie que nos sumaremos a una vanguardia donde siempre hemos estado.

Sobre la modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, nuestro primer inversionista y tercer socio comercial, mi carta anterior a V.E. así como una pasada columna expresaban algunas preocupaciones que existen respecto al demorado cierre político del proceso. El actual escenario económico, a partir de la guerra en ese continente, no favorece reabrir una negociación cerrada bajo la administración pasada; y de hecho, la prensa reporta que con Chile la UE ha accedido a conversar, pero no a reabrir tratativas ya finalizadas.

Insistir en lo último conlleva el riesgo de extender el proceso más allá del próximo año e incluso indefinidamente, con pérdida de competitividad y oportunidades para Chile. Y evitar ese riesgo requiere realismo, porque cuando el más completo y moderno acuerdo que la UE ha ofrecido a un país no europeo se detiene por el deseo de “hacer política industrial”, y el jefe de la diplomacia europea se ve obligado a aclarar que la UE nunca ha impedido a Chile hacer tal cosa, lo que se observa es que el gobierno privilegia narrativa por sobre realidad.

Aquí es importante señalar que en términos generales, el objeto de estos tratados es garantizar mercados para productos de ambas partes y ofrecer condiciones atractivas para inversionistas extranjeros de ambas partes. El fomento de la producción nacional no es función principal de estos acuerdos; eso corresponde mayormente a política económica doméstica (instituciones como Corfo).

Resulta extraño entonces plantear la transformación de la actividad productiva nacional usando como herramienta principal -al menos ante la opinión pública- a los tratados, pues ellos constituyen complejas ecuaciones obtenidas después de años de negociaciones con nuestros socios. El efecto que algunas de sus normas pueden tener para incentivar, por ejemplo, mecanismos de transferencia tecnológica, está limitado por la naturaleza del balance contractual.

Hay que agregar además que en general no hay normas de esos tratados que impidan la creación o fortalecimiento de empresas estatales, salvo que se trate de monopolios (donde el derecho aplicable estará dado primariamente por normas de libre competencia y por reglas globales de comercio). En consecuencia, no es verdad que Chile no ha logrado industrializarse porque los TLC lo prohíben, como ha sostenido el asesor presidencial en la materia y ex vocero de Chile sin TLC, Carlos Figueroa.

Como la modernización del tratado con la UE parece estarse transformando de facto en un segundo CPTPP, algunas puntualizaciones sobre el mismo son indispensables.

La conversación sobre el CPTPP y su ratificación aún pendiente requiere aceptar la realidad, Presidente. Esto es, usar su nombre real (el acrónimo TPP está desfasado hace años), y admitir lo mismo que han establecido miembros como Nueva Zelandia y Canadá: que el tratado establece un estándar muy alto para el comercio y que los beneficios para los Estados miembros son amplios, incluyendo un incremento del PIB anual, la potenciación explícita de las Pymes, el empleo femenino, el respeto al medio ambiente, y aspectos geopolíticos y de derechos humanos, incluyendo derechos de pueblos originarios.

La experiencia de estos países que llevan años aplicando el tratado, y la evaluación que han hecho de él los países que desean sumarse (Reino Unido, China, Corea, Ecuador, Uruguay, Costa Rica), algunos de ellos paladines de la protección ambiental, contradice la aseveración de congresistas locales de que este tratado es simplemente “un cheque en blanco para hacer y deshacer con nuestros recursos”, “saqueo”, y “entreguismo”.

Aceptar la realidad significa también que quede ampliamente establecida como falaz, ante todo el país, la narrativa infundada pero largamente difundida por personajes como el académico Gabriel Palma, de que el CPTPP es un tratado escrito no por los Estados partes sino por multinacionales (“llegaban con el borrador y los ministros firmaban”). El equipo de negociadores chilenos que por siete años negoció el CPTPP desmintió estos dichos injuriosos de la función pública; pero recibió escasa atención.

Un desmentido es también necesario respecto del ex vocero de RREE de su campaña presidencial, el Senador Latorre, quien ha dicho que no existen evaluaciones serias respecto de los beneficios de los tratados, y que éstos son presuntos. Las evaluaciones, por supuesto, existen; son difundidas por la Subrei; y ellas contradicen, respecto del CPTPP, aseveraciones hechas por el Subsecretario (en coincidencia con las de Chile sin TLC), de que este acuerdo no tendría potencial de reactivar la economía y que respecto de Chile sus ventajas serían marginales.

Si el tratado estuviera aprobado, más de 3 mil productos de distinta naturaleza estarían ingresando a los mercados del bloque en condiciones favorables que hoy no tienen, y sin quitarle al Estado el poder de regular en el interés público. Además, aunque Chile tiene acuerdos bilaterales con la mayoría de los países miembros, el CPTPP constituiría una muy valiosa actualización hecha en contexto multilateral, hoy en buena medida indispensable con varios de nuestros socios, y que de forma bilateral sería trabajoso obtener.

Finalmente, Presidente, algunas palabras sobre solución de controversias relativas a inversión, visto que nuestro país, vía el Subsecretario, ha indicado la intención de excluir este capítulo del CPTPP.

La solución de controversias relativas a inversión mediante arbitrajes internacionales data aproximadamente de la década del 60 y fue la manera concebida por instituciones internacionales como el Banco Mundial (del cual el CIADI es parte) para que la inversión extranjera se desplazara al mundo en desarrollo, compensando riesgos en países inestables, como por ejemplo el de una judicatura debilitada o susceptible a presión política.

Los miembros de las listas de árbitros disponibles para adjudicar estas disputas incluyen a los más destacados internacionalistas de cada país (por ej. por Chile lo han sido los profesores Francisco Orrego Vicuña y Ximena Fuentes). Decir que juristas de este nivel son o han sido “empleados de multinacionales” que integran “tribunales de fantasía” creados para favorecer al inversionista es ignorar el concepto de arbitraje y la estadística y evolución de la jurisprudencia, que desde hace años muestra balance en los fallos.

Por cierto, el sistema como tal es susceptible de mejoras, como han propuesto, entre otros, la OECD y la UE. Aquí sólo hemos destacado dos aspectos que localmente se suelen mencionar para pintar al CPTPP como una aberración novedosa. No es ni una ni otra cosa.

Por cierto, todos los tratados de libre comercio y acuerdos de promoción y protección de inversiones que Chile ha firmado en estas décadas tienen sección de solución de controversias. Pero en el caso de Chile, su aplicación ha sido mínima. Los inversionistas extranjeros en Chile en general arreglan sus diferencias por vías alternativas: no necesitan llegar al Banco Mundial o similar. Es decir, a diferencia de países como Argentina, Bolivia y Venezuela, los arbitrajes internacionales contra el Estado de Chile han sido escasísimos, y cuando suceden, Chile en general gana esos casos. ¿Por qué? Porque es un país que ha ofrecido estabilidad, Estado de Derecho, trato razonable; eso es lo que protegen estos tratados. No una expectativa de ganancia a todo evento.

 Deseándole éxito en la delicada tarea, lo saluda con aprecio

Paz Zárate

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