Caída de fiscal en Los Lagos suma otro escándalo en Caso Convenios

• Marcello Javier Sambuceti Correa, 46, nació en 1977 en Santiago, donde creció. Egresó en 1994 del Instituto Nacional, tras lo cual estudió derecho en la Universidad de Chile. Luego hizo un magister en derecho penal en la Universidad de Talca, además de diplomados.
• Entró en 2004 al Ministerio Público, donde ha desarrollado su carrera. Estuvo en la Fiscalía Metropolitana Sur, donde “dirigió investigaciones relativas a bandas organizadas para la comisión de delitos de robo de cajeros automáticos”, consignó la fiscalía de Los Lagos, cuando llegó a la región.
• En noviembre de 2011 se fue al sur como fiscal jefe de Calbuco y en abril de 2012 pasó a ser fiscal adjunto de la fiscalía Local de Puerto Montt. Tras 8 meses en la cargo, el entonces fiscal regional Marcos Emilfork lo nombró fiscal jefe de la capital regional.

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• Entre las causas que encabezó estuvo la red de explotación de comercio sexual de menores en Puerto Montt, de la que fue nombrado fiscal preferente en 2014. El caso había sido destapado el año anterior a raíz del hallazgo de unas niñas en una casa abandonada, pese a que debían estar en una vivienda de acogida bajo el sistema de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename). El caso terminó con 2 acusados pagando penas de 6 años de cárcel, informó entonces la fiscalía regional.
• En 2014 Sambuceti se casó con Lorena Meza Torres, actual fiscal jefe de Puerto Varas e hija del ministro y expresidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jaime Meza Sáez.
• Con el nombramiento en 2019 de Carmen Gloria Wittwer como fiscal regional de Los Lagos, Sambuceti dejó de ser fiscal jefe de Puerto Montt y fue puesto a cargo de la unidad Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), en noviembre de ese año.
• Un año y medio más tarde Sambuceti hizo públicas las desavenencias entre ambos, al renunciar a la jefatura del Sacfi a través de una carta publicada en julio de 2021.
• “La motivación que fundamenta esta decisión es que, a pesar de los diversos intentos que realicé por generar mayor vinculación de vuestra parte con nuestra labor y con las potencialidades de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos, en materias propias de la misma, no ha sido posible superar la barrera impuesta por la diferencia que ambos sostenemos en las visiones de los derroteros de la Unidad y de la importancia en acciones ágiles que permitan actuar de manera más oportuna y efectiva para el cumplimiento de sus fines”, dijo la carta publicada por el Diario de Puerto Montt. Tras esto permaneció como fiscal de focos investigativos.

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• La apertura el 29 de junio de una arista en Los Lagos por los convenios firmados por el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos, encabezado por el gobernador Patricio Vallespín (ex DC), abrió un inesperado flanco para Sambuceti.
• El 1 de agosto la fiscal regional Wittwer instruyó la apertura de una investigación administrativa contra Sambuceti, a quien suspendió. El motivo: el presunto traspaso de información a la administradora regional Viviana Godoy, mujer de confianza de Vallespín y actualmente en prisión preventiva por presunto fraude al fisco.
• Viviana Godoy había sido presentada en marzo de 2022 por Vallespín. “Desde hoy se ha incorporado el cargo de administradora regional”, dijo entonces el gobernador. “Creo que los desafíos que se vienen son demasiado significativos para que uno solo como gobernador asuma la coordinación operativa de la gestión del gobierno regional y es por esto que he decidido incorporar a Viviana Godoy como administradora regional”.
• Tras esto Godoy subrogó en ocasiones a Vallespín y lo acompañó el 28 de junio, cuando el gobernador habló públicamente de lo que se conocería como el Caso Convenios, con un pendón del Gore y las banderas de Chile y de Los Lagos detrás suyo. Mientras una voz en off anunció la presencia de ambos en el escenario, la toma de cámara la mostró a su izquierda.
• “No hay nada fuera de ley, ni sospechoso, ni irregular y menos ningún vicio de corrupción ni nada por el estilo”, dijo Vallespín a los medios presentes y a quienes seguían la transmisión por redes sociales. “No hay nada que esconder”.
• Entre las evidencias en contra de Sambuceti estaba el contenido de conversaciones por WhatsApp rescatadas del teléfono de Viviana Godoy, incautado el 20 de julio a solicitud del fiscal del caso Convenios en Los Lagos, Marco Muñoz.
• Sambuceti envió un escrito a la fiscal regional pidiendo abrir una investigación administrativa contra Muñoz, lo que fue rechazado por Wittwer. Luego presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en contra de la fiscal regional y del fiscal de la indagación administrativa, que fue derivada a Valdivia para su revisión y luego a la Corte Suprema.
• Según argumentó Sambuceti en el recurso judicial, la fiscal regional validó la denuncia en su contra “sin tomar en consideración que el mismo Muñoz Becker había decretado la reserva de dicha investigación y que el tribunal había dispuesto su tratamiento sólo en el marco de dicha investigación (Corporación Kimün)”.

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• El 7 de septiembre Radio Biobío dio cuenta además de la apertura de una investigación penal por presunto tráfico de influencias contra Sambuceti, a cargo de la fiscalía regional de Valparaíso, la que está abierta y sin formalizados.
• Tras la formulación de cargos administrativos en su contra —El Llanquihue consignó que se propuso removerlo— Sambuceti presentó su renuncia, que el fiscal nacional Ángel Valencia aceptó este lunes. Su razón oficial para pedir la baja: desarrollar proyectos personales, confirmaron fuentes de la fiscalía nacional. La arista administrativa seguía abierta hasta el lunes y se pidieron nuevas diligencias.
• “Es el único caso en Chile en donde un fiscal en ejercicio no sólo está siendo investigado, sino que además consta su eventual participación en al menos querer obstruir la investigación de su propio colega Marco Muñoz, en el marco del caso Convenios”, dijo el senador PS Fidel Espinoza a El Llanquihue. El parlamentario criticó la aceptación de su renuncia, que calificó de “una pésima e inaceptable señal, que dañaría profundamente el rol que juega la fiscalía en la investigación de los delitos, no importando la condición del investigado”.

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