En medio del conflicto mundial más importante desde 1945 en Europa y donde ésta se encuentra comprometida enteramente en apoyo de Ucrania frente a Rusia, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se ha alejado varios días de ese continente para venir en Chile.
Su visita ocurrió en el marco de la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile, cuyas negociaciones técnicas concluyeron en noviembre pasado. En ese contexto, y en conferencia de prensa dada en conjunto con el Presidente chileno, Borrell pidió al Gobierno no reabrir negociaciones, con la esperanza de firmar este acuerdo a fin de año.
En esa misma comparecencia, y en repuesta a Borrell, el Presidente Boric subrayó el interés de Chile de desarrollar una política industrial – aspiración que no coincide con lo expresado por Borrell, de que ojalá las observaciones del nuevo gobierno chileno al acuerdo ya negociado se limitaran a aspectos menores.
¿Por qué importa esta divergencia?
Durante la campaña presidencial, Boric y equipo originalmente elaboraron un programa maximalista en materia exterior, afín a su histórica cercanía a la plataforma Chile Mejor sin TLC. Éste incluía la revisión de todos los acuerdos de libre comercio del país, para permitir procesos de participación ciudadana, evaluar pertinencia en el marco de un nuevo modelo de desarrollo turquesa y azul, feminista y descentralizador, y de procesos de integración latinoamericana a llevarse a cabo.
Esos mismos parámetros, verdes y turquesas, feministas y descentralizadores serán considerados -se dijo- en la negociación y análisis de futuros tratados. En cuanto a integración latinoamericana, el programa señalaba que se evaluaría el ingreso pleno al Mercosur. El programa indicaba también que no se firmarían nuevos tratados comerciales mientras no se hayan revisado los procesos de participación ciudadana, de gobiernos locales y regionales y de pueblos originarios, y parámetros de alineamientos con parámetros feministas, verdes y descentralizadores.
Esta propuesta fue objeto de fuertes críticas en mediáticos debates de candidatos y equipos programáticos. Se criticó la insistencia de mostrar como novedosa la adecuación de tratados a los desafíos de la modernidad (algo que el país y sus socios ya hacen, a través de comités de implementación que los tratados contemplan); la retórica que sugiere, de entrada, que los tratados actuales reflejan ecuaciones beneficiosas para una sola parte, o que vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía; la falta de conexión con la realidad, ejemplificada por la propuesta de ingresar plenamente al Mercosur en su peor momento; y la inconveniencia de introducir inestabilidad para la inversión extranjera, particularmente respecto de acuerdos ya existentes y en momentos de crisis económica.
El equipo Boric se defendió entonces blandiendo un argumento distinto, el de la necesidad que Chile desarrolle política industrial; siendo rebatido nuevamente de forma transversal, dado que el desarrollo industrial nacional no ha sido obstaculizado, como regla general, por los tratados que Chile ha firmado. Como se sabe, en las últimas décadas el país ha realizado reformas tributarias, previsionales, de evaluación ambiental, de comercialización de alimentos, entre otras; y ningún TLC ha impedido emprender e implementar estas reformas.
Tan sostenida y amplia fue la crítica, que el candidato Boric, en la segunda versión de su programa, presentado tres semanas antes de la 1ª vuelta presidencial, debió cambiar su propuesta comercial por una de tono mucho más moderado, aunque todavía incurriendo en algunos equívocos, como deslizar que sólo se han firmado tratados con países desarrollados (no es así), o que sus efectos han sido “homogeneizar reglas y reducir costos” (y no crear fuentes directas e indirectas de empleo para aproximadamente 3 millones de compatriotas; o incidir positivamente en relaciones bilaterales más allá de materias económicas).
El segundo programa de Boric permitió entonces, antes de la 1ª vuelta incluso, zanjar la polémica en favor de la moderación y el consenso, lo que facilitó en segunda vuelta la convergencia con la centroizquierda.
El domingo, en una entrevista dada a T13, Borrell indico que la UE no pide un favor a Chile al señalar la mutua conveniencia de firmar el que será (si se firmara tal cual está) el acuerdo más completo que la UE ha firmado nunca con un país no miembro del bloque, subrayando que liberalizaría el intercambio para la agricultura chilena de manera amplia, beneficiando a pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a criterios ya incorporados de sustentabilidad ambiental y equidad de género.
El Acuerdo de Asociación que rige desde 2002 la relación Chile-UE cubre los tres pilares de la relación: Político, Comercio y Cooperación, y ya en sus comienzos fue reconocido como uno de los convenios bilaterales más modernos y extensos suscritos por la UE con un Estado no miembro. Su implementación en estos 20 años no ha presentado dificultades, y a través de los años las partes han firmado acuerdos suplementarios en ámbitos de ciencia y tecnología, reconocimiento de productos orgánicos, y otros.
La actual agenda bilateral Chile-UE incluye, junto a los temas políticos y económicos, ámbitos como la educación, la ciencia y tecnología, la innovación, las PYMES, la energía, el medioambiente, la lucha contra el cambio climático, la seguridad y defensa, la gobernanza oceánica, y la cohesión social. Y el dinamismo del comercio de los últimos años en varias industrias (servicios, comercio electrónico, inversiones y propiedad intelectual), explica que se haya decidido modernizarlo.
Si el acuerdo actual, en veinte años, no ha sido impedimento al desarrollo de la política industrial de Chile (como Borrell puntualizó a T13), es extraño que se haya señalado este aspecto como fundamento de la renegociación que el actual gobierno pretende reabrir. Y también es extraño que el subsecretario de relaciones económicas internacionales indique que no quiere que Chile quede excluido de un debate global sobre la adecuación de los tratados a los nuevos desafíos, en circunstancias que Chile goza de la red de TLCs más extensa del mundo y es conocido por ser un país de alta capacidad negociadora y a la vanguardia: tanto, que sus negociadores enseñan a países amigos cómo negociar, y que esa capacidad instalada permitió -entre otras cosas- la compra de vacunas contra el Covid que puso a Chile a la cabeza de ranking mundiales de inmunización. En el caso de la UE, la transferencia tecnológica, mencionada también como punto de interés del actual gobierno, está ya en el acuerdo original, y recibió énfasis desde el inicio de la negociación de modernización (Bachelet II).
Una negociación entre Estados, cerrada después de años de trabajo, es una ecuación contractual donde se obtuvo un balance satisfactorio de concesiones mutuas. Si bien no hay firma aún en ella, reabrirla encierra el riesgo de que la contraparte abra la ecuación entera — en cualquier área. Las cosas podrían entramparse en un momento en que la UE -el mayor inversionista extranjero en Chile- se encuentra, un trance histórico: una guerra en su continente, con consecuencias económicas globales que afectan también a nuestro país y nuestra región. ¿Es éste un buen momento para rizar el rizo?
La visita de Borrell será seguida esta semana por la de negociadores de comercio y agricultura de la UE. Sería bueno que el Presidente Boric y su equipo, al decidir qué plantearán concretamente a la UE, tengan presente consideraciones básicas de negociaciones; la historia exitosa de la diplomacia chilena en esta área; y las amplias críticas a su primer programa; y el hecho que fue democráticamente elegido sobre la base del segundo. En otras palabras: es momento de mostrar si quieren actuar de acuerdo a una vocación de mayoría – o de minoría, en un tema que hasta ahora ha sido política de Estado.
