Crítica. Un equipo de 12 personas conforma la Comisión de Pensiones de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que se estrenó este 11 de enero, ante diputados, con un documento crítico de la Reforma Previsional del Gobierno.
- Allí se cuestiona la existencia de las cuentas nocionales que se crearían con el 6% extra de cotización. Se trata de la médula que le da sustentabilidad financiera a la propuesta del Ejecutivo.
- “Se propone reevaluar el alza de 6% de cotizaciones a la luz del impacto de la PGU. Una alternativa es avanzar en un equivalente de cotización adicional destinado a capitalización individual y un pilar colectivo solidario para financiar las compensaciones entre cotizantes (sin cuentas nocionales)”, dice el documento de la CPC.
- La Comisión de Pensiones fue creada por el nuevo presidente de la CPC, Ricardo Mewes, cuando dirigió su primer comité ejecutivo, el 27 de diciembre, informa la entidad.
- La gran mayoría del equipo coordinado en la CPC son economistas, académicos y varios han trabajado en los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera.
Equipo. Susana Jiménez, ex ministra de Energía de Piñera II, es la vicepresidenta de la CPC y encabeza la Comisión de Pensiones de la multigremial.
- Entre los miembros de la instancia hay ex altas autoridades de los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría. Entre ellos están Rodrigo Valdés (ex ministro de Hacienda con Michelle Bachelet II), Alejandro Ferreiro (ex superintendente de Valores y Seguros y ex superintendente de AFP con Ricardo Lagos; ex ministro de Economía con Bachelet I) y Guillermo Larraín (ex superintendente de AFP con Lagos, ex-SVS con Bachelet I). Incluso Larraín integró el equipo programático de pensiones de la candidatura de segunda vuelta de Gabriel Boric. Ni Valdés ni Larraín, eso sí, participaron en la primera reunión del consejo.
- También está ahí David Bravo (UC), quien presidió la comisión previsional que lleva su nombre mandatado por la ex Presidenta Bachelet en 2015.
- Los otros integrantes son los economistas Andrea Tokman (Quiñenco), Bettina Horst (Libertad y Desarrollo), Elisa Cabezón (Perspectivas), Bernardo Fontaine (ex constituyente), Cecilia Cifuentes (ex miembro del programa económico de José Antonio Kast) y Hernán Cheyre (ex titular de Corfo con Sebastián Piñera I). También está la abogada María José Zaldívar, ex subsecretaria de Previsión Social y ex ministra del Trabajo con Piñera II.
- Hay una decimotercera persona relevante en el equipo: Javier Irarrázaval. Es el director de políticas públicas de la CPC y actuó como secretario ejecutivo de la comisión. Ha sido el encargado de recoger los aportes de todos los integrantes y darle sentido a la propuesta final.
Críticas. Ricardo Mewes presentó las conclusiones de ese equipo durante la sesión de este 11 de enero en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
- El documento plantea que hay cuatro objetivos de la reforma: superar la pobreza en la vejez, que haya mantención de ingresos tras la jubilación, que existan factores de equidad, y que se promueva la competencia. En todos, concluye, hay problemas.
Pobreza en la vejez: la Reforma Previsional, dice la presentación que entregó Mewes, se basa en una realidad cuyo diagnóstico no consideró el impacto de la PGU en la población. “Para 2023, la PGU tiene un presupuesto de 1,97% del PIB (US$6.200 millones). En 2018, el Pilar Solidario tenía un presupuesto de 0,63% del PIB. Es equivalente a aumentar la cotización en 5 puntos en tan solo 5 años, pero financiado con arcas generales de la nación”, señala.
Nivel de ingresos: recuerdan que la OIT recomienda una tasa de reemplazo (monto de la pensión como porcentaje de los últimos ingresos que se recibían antes de jubilar) mínima de 40%. Con la PGU este año ya se supera el 100% para las personas de ingresos bajos. Para las personas de ingresos medios (entre $700 mil y $1,5 millón), en cambio, “estamos en el promedio OCDE, pero la situación relativa es peor para la clase media. A ellos les convendría más puntos de capitalización individual que un pilar colectivo”.
Equidad: la Reforma Previsional crea un Seguro Social con el 6% extra de cotización. Siete de cada 10 pesos de esa cotización extra se van a un registro de cuenta personal, mientras que los otros tres pesos se van a un registro colectivo que después se reparte a la misma cuenta personal entre actuales y futuros jubilados con una serie de compensaciones. El dinero del 6% extra lo recauda el Estado y lo “anota” en un registro: se le denomina “cuenta nocional”, pues existe como el compromiso de un pago futuro.
- El equipo de la Comisión de Pensiones de la CPC cuestiona las bases del esquema, que se sustenta en que las AFP desaparecen (pasan a ser Inversores de Pensiones Privados o IPP) y que será una nueva entidad estatal la que calculará una tasa de interés teórica de cómo rentan los recursos del 6% extra. Esa institución se llamaría Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA).
- “El ahorro colectivo solidario no requiere de cuentas nocionales. Aportan menor rentabilidad para el cotizante y son complejas y poco transparentes para los cotizantes”.
- “No generan incentivos a la formalidad como sí lo hace la capitalización individual”. Ahí no mencionan estudios previos del Banco Central, cuyas conclusiones en todo caso fueron recordadas por la presidenta de esa instancia, Rosanna Costa, el 10 de enero ante los mismos diputados.
- “La fijación de la rentabilidad de las cuentas nocionales por parte del IPPA podría ser objeto de presiones políticas”.
- Sí hay un punto de apoyo a la Reforma Previsional, pero como principio: “Puede haber solidaridad con cotizaciones y no solo con impuestos. Existen beneficios fijos (cuidado, maternidad, pensionados actuales) que podrían financiarse directamente mediante un pilar colectivo, sin necesidad de tener cuentas nocionales”.
Competencia: los especialistas coordinados por la CPC desmontan los principales beneficios planteados por el Ejecutivo de una reorganización industrial que separa la gestión de las inversiones (a eso se dedicarían los IPP e IPPA) del área de soporte administrativo de cuentas (que quedaría centralizado en el Administrador Público de Pensiones, APA, una entidad estatal sucesora del IPS). Todo ello genera el denominado “Sistema Mixto”.
- En resumen, la CPC plantea que “no hay garantía de las potenciales ganancias de eficiencia”, sugiere el APA ofrecería “un mal servicio”, cuestiona que habría una “débil fiscalización, dado que la Superintendencia de Pensiones rara vez ha sancionado al IPS”, advierte el riesgo de “posibles paralizaciones (tipo Registro Civil)” y destaca el “conflicto de interés al participar el Estado como emisor, inversionista, regulador y fiscalizador”.
Vea la presentación de Ricardo Mewes ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el 11 de enero de 2023:
