Jorge Eduardo Parga Balaresque, 53, nació en 1968 en Valparaíso. Viene de una familia de marinos. Su padre, Luis Parga Santelices, fue oficial de la Armada e ingeniero. Jorge Parga entró a la Escuela Naval en 1984 y se graduó 5 años más tarde como guardiamarina. Luego obtuvo las especialidades de Estado Mayor e ingeniería naval electrónica. También tiene un magíster en ciencias navales y marítimas.
Ha tenido destinaciones tanto en Chile como en el extranjero. Entre esas últimas están su rol como jefe de jefe del Departamento de Adquisiciones de la Misión Naval de Chile en Washington DC y como agregado de Defensa en la embajada de Chile en Ottawa, Canadá. En Chile comandó el buque boyero y de rescate Ingeniero Slight, y la fragata Capitán Prat.
Se desempeñó como subjefe del Estado Mayor de la Armada en 2019, mismo año en que fue investido comodoro. En 2020 asumió como comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, con sede en Talcahuano y fue ascendido al grado de contraalmirante. En la Armada lo reconocen por su carácter enérgico y resolutivo. En el gobierno plantean que también es reservado.
Su conocimiento de la región fue uno de los motivos por los cuales fue nombrado jefe de la Defensa del Biobío por la pandemia. Ejerció este cargo entre fines de enero y septiembre de este año, cuando expiró el estado de catástrofe. En esa función coordinó la realización de patrullajes mixtos con las policías, enmarcados en la prevención de la propagación de coronavirus.
La realización de patrullajes mixtos entre las policías fue uno de los puntos de fricción entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y el exdelegado presidencial, Cristián Barra, quien terminó saliendo en marzo del cargo tras dar una entrevista a El Mercurio donde acusó que éstas “siempre son reticentes” a colaborar en labores no vinculadas a la pandemia. Fuentes de gobierno plantean que Parga tenía una posición menos rígida que el Ejército, a cargo de La Araucanía, en esta materia. En un cuestionario respondido a fines de marzo a Ex-Ante, Parga dijo que la Armada había contribuido a la detención de camiones por robo de madera. “Durante estos patrullajes mixtos, de puntos fijos y móviles, en los que participa Carabineros, PDI (Policía de Investigaciones), personal del área de la Salud y la Armada, se han cursado sumarios sanitarios, citaciones por infracción de tránsito, y se han detenido camiones por robo de madera”, dijo.
En La Moneda explican que su experiencia como jefe de la Defensa en la región durante la pandemia fue uno de los principales motivos por los cuales fue designado por el Presidente Sebastián Piñera para asumir esta función en Arauco y el Biobío, en el marco del decreto de emergencia promulgado el 13 de octubre y que se extenderá hasta el jueves 11. Luego requerirá la aprobación del Congreso, que esta semana votará si lo extiende.
El eje de la estrategia aplicada por el contraalmirante en la zona en sus nuevas funciones consistió en tomar rápidamente control de las 2 rutas donde se concentraban los hechos de violencia rural: la P-60 y la P 72-S. En las inmediaciones de esta última fue atacado a balazos en marzo un equipo de TVN. El camarógrafo Esteban Sánchez perdió la visión en un ojo producto del atentado. En la ruta, desconocidos habían instalado también un peaje ilegal en las inmediaciones del cruce Colo Colo, donde cobraban hasta $5 mil a los autos y hasta $10 mil a los camiones, por cruzar. El peaje ilegal, relatan testigos, incluía conos y una caseta. Los cobradores solían ser 3 personas, entre hombres y mujeres, que cubrían sus rostros con pañoletas y no portaban armas a la vista, pero los viajeros suponían que las tenían en la caseta, por lo que solían pagar lo cobrado. A este punto llegaron infantes de marina a recuperar la vía, como apoyo a Carabineros.
El plan del contraalmirante Parga fue exitoso en sus primeras 2 semanas. El 27 de octubre hizo un recuerdo de los operativos realizados hasta ese momento, destacando que los 31 incidentes graves registrados en octubre, antes de la declaración de estado de emergencia, se habían reducido a 4. Si bien una revisión de los delitos perpetrados entre el 13 y 27 mostró que habían quedado al menos 3 hechos fuera del conteo, la comparación de todos modos mostró una baja. Más allá de las cifras, hay coincidencia entre fuentes vinculadas con los procedimientos que en esas primeras semanas se produjo un repliegue de los grupos radicales. “No podría decir que hemos enfrentado situaciones de mayor violencia. Hasta el momento nuestra acción disuasiva ha sido bastante eficaz y espero que no se produzcan enfrentamiento donde tengamos que actuar”, dijo Parga el miércoles 27 de octubre, precisando que a la fecha no habían disparado.
Esto cambió el miércoles 3 por la tarde, cuando el comunero Yordan Llempi, 23 años, murió en un operativo en que participó la Armada, el cual está siendo investigado por la fiscalía. Ese día, dicen fuentes conocedoras de las conversaciones, habría recibido la instrucción del gobierno de no referirse públicamente al hecho, hasta que lo hicieran desde La Moneda. Esto sólo ocurrió pasadas las 9pm, momento en que fue liberado un video del contraalmirante asegurando que los infantes de marina fueron emboscados por encapuchados al acudir a proteger un procedimiento de Carabineros, tras lo cual se defendieron. Fuentes de la Armada manifestaron su molestia por lo que describieron como un abandono del gobierno en el caso. El gobierno, de hecho, sólo se querelló por homicidio frustrado el fin de semana. Parga ya había interpuesto una denuncia en fiscalía por este delito el jueves.
De quien sí recibió un apoyo directo el contraalmirante Parga fue del comandante en Jefe de Armada, Juan Andrés de la Maza, de quien es cercano y que también es conocido por su carácter enérgico y resolutivo en el mundo militar. Este fin de semana, De la Maza emitió una declaración respaldando la actuación de los infantes de marina en el operativo del miércoles 3, que llamó la atención de fuentes ligadas al caso, ya que, como jefe de la Defensa, Parga depende del Estado Mayor Conjunto y no de la Armada. “(Quiero) reconocer y felicitar la reacción demostrada por la patrulla de infantes de marina”, escribió De la Maza.
Una de las medidas de control de daños tomadas por el contraalmirante Parga en las horas siguientes al operativo fue reunirse con el fiscal a cargo de la indagación del comunero muerto y con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco. Este último ha sido una de las voces que ha cuestionado la versión de que el comunero murió en un fuego cruzado. “Tenemos versiones directas de familiares o de las víctimas, de los afectados, que señalan, en el caso de las personas que estuvieron en (el hospital de) Temuco, que no hubo enfrentamiento”, dijo este lunes a Radio Cooperativa.
