-Se ha generado una polémica por los dichos de Izkia Siches hablando de presos políticos mapuches, mientras que el subsecretario Monsalve dijo que no había presos políticos en Chile. ¿Existen presos políticos mapuches?
–A propósito de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis social de octubre, el consejo del INDH no entró en esa polémica que sólo ha aumentado la polarización política y dificultado buscar acuerdos prácticos comunes para el reencuentro democrático de los chilenos y chilenas en verdad y justicia. Ahora bien, tras el 11 de septiembre del 1973, entendimos que los presos políticos fueron partidarios del gobierno del Presidente Salvador Allende que fueron privados de su libertad en razón de su pensamiento, pues no habían cometido delitos y que, por lo mismo, no había sido juzgados de acuerdo a un debido proceso. En este sentido, es evidente que no hay presos políticos en Chile, país que, por cierto, cuenta con un Estado democrático de Derecho, por muy graves que sean sus deficiencias.
-Por su parte Giorgio Jackson declaró: “Han existido persecuciones y muchas veces prisión política (de mapuches) que han sido confirmados como montaje en el pasado”. ¿Está de acuerdo?
-El Estado chileno fue condenado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminar y vulnerar el debido proceso de ocho comuneros mapuches -entre ellos dos loncos- que fueron sentenciados por la ley antiterrorista; pero insisto que en estos casos no estamos propiamente hablando de presos de conciencia. Por cierto, si el gobierno considera que en Chile existen presos políticos, los individualizará y, me imagino, indultará o tomará otras medidas para resolver una situación que, de existir, es intolerable en democracia.
-En una sesión del Senado por el tema de La Araucanía, el 5 agosto de 2020, usted dijo: “el primer punto es que nosotros consideramos que es clave que el diálogo se debe dar y el respeto por los DDHH supone el respeto del Estado de Derecho, que nosotros vemos claramente en cuestión en Arauco y La Araucanía”. ¿Sigue pensando así?
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–Sí. El Estado de derecho es el gobierno de las leyes y eso cada vez es más cuestionado en esa parte de Chile. Siempre hemos creído que la violencia es la peor noticia que puede recibir la causa de los derechos humanos. Cuando callan las leyes, son las armas las que hablan: cuando fracasa la política llegan indefectiblemente la violencia y la guerra. Eso nos pasó entre 1968 y 1973, y ahí están los resultados. Por eso, como director del INDH he sido categórico en condenar la violencia y reclamar que en Chile nunca ha dejado de haber un Estado de Derecho con poderes independientes.
Pero, en el caso de Arauco y La Araucanía hemos dicho públicamente que lo que falta es justamente más Estado, como lo dijo la actual Ministra del Interior y Seguridad Pública, que sea capaz de garantizar la vida y la propiedad, junto con proteger los demás derechos humanos, especialmente los económicos y sociales. Cuando se quemaron los municipios de Ercilla y Traiguén, estuvimos en Curacautín y nos adentramos en Tirúa, donde nos encontramos con un municipio ocupado, superando barreras de personas o de árboles caídos, cabañas quemadas en Quidico y carabineros que andaban en carros blindados y armados militarmente. Era un espectáculo dantesco. Esto no puede continuar.
-¿Cómo observa la situación de La Araucanía? ¿Se ha agravado el conflicto?
-Claramente. Hemos reclamado en contra de esta violencia sorda y lo hemos hecho también silenciosamente cuando hemos estado personalmente con viudas de agentes policiales o trabajadores forestales asesinados con alevosía, o con los hijos de personas quemadas vivas. También hemos estado en las casas de chilenos y chilenas olvidados, que sólo quieren cultivar sus tierras en paz, o en el fértil territorio de la comunidad que lidera Norín Catrillán, que hoy es víctima ya no del Estado, sino de quienes no aceptan que él sea un hombre de paz que busca, como lonco, la prosperidad para y con su comunidad mapuche.
-Entiendo que tiene información sobre víctimas de atentados. ¿Cuántas son? ¿Podría ahondar en este tema?
-El 2016 hicimos un informe sobre las víctimas de violencia rural. Pero hoy se trata de otra cosa. Hoy los asesinatos han venido asociados a la violencia rural o delincuencial, no lo sabemos bien. Las distintas formas de violencia han cobrado, hasta donde yo sé, 16 vidas humanas ¡en los últimos doce meses!: Luis Morales, Orwall Casanova, un menor de edad, Francisco Benavides, Pablo Marchant, Rocío Fuentealba, Eduardo Candia, Hernán Allende, Delia Flores, Joel Ovalle, Héctor Gallardo, Benjamín Bustos Manríquez, Alejandro Carrasco Mellafe, Andrés Millanao, Jorge y Edgardo Huenteo. ¿Qué puede hacer el INDH por la paz?
Nos han pedido comunidades mapuches y religiosas, organismos de víctimas de la violencia rural, senadores que hoy son de gobierno, al igual que el Ministerio de Defensa Nacional, del gobierno anterior, quienes nos han pedido reforzar nuestra presencia en Arauco y Malleco para observar que se hagan respetar con plena garantía los derechos humanos de todos. Para eso el Instituto tendrá una oficina en Angol. Creemos que esto es una contribución concreta para que se sepa la verdad, en terreno, de lo que ocurre en esas provincias.
-¿Usted cree que para solucionar el conflicto es necesario un diálogo lo más amplio posible, incluso la CAM?
–En Irlanda del Norte o en Colombia se dialogó con grupos armados y eso dio sus frutos. Que la CAM no quiera dialogar, no significa que quienes sí creen en el diálogo no lo hagan. Se puede aplicar la ley en Malleco y a la vez conversar con quienes la violan. Es paradojal, pero es así. Se puede hablar de todo, de políticas sociales, recuperación de tierras, reformas institucionales, pero no se puede negociar que existan grupos armados que rechazan el monopolio de la fuerza física legítima. Siempre es bueno recordar que una cosa es dialogar y otra es negociar. Podemos y debemos, en democracia, dialogar con todos los que quieran sentarse a la mesa; pero hay cosas que no se pueden negociar como son los derechos humanos o el monopolio de la fuerza física legítima.
