La insólita detención de un funcionario de gobierno por tráfico de migrantes en Colchane
La insólita detención de un funcionario de gobierno por tráfico de migrantes en Colchane
Ocurrió el domingo, cuando uno de los coordinadores del Complejo Fronterizo de Colchane, Claudio Matamala, fue detenido por tráfico de migrantes.
De acuerdo a radio Biobío, Matalama es funcionario de la delegación presidencial de la provincia del Tamarugal y uno de los tres encargados del paso fronterizo con Bolivia.
Un comunicado de la PDI señaló lo siguiente respecto del procedimiento sobre su detención: “El día de ayer, en horas de la tarde, mientras los funcionarios realizaban labores propias de su función en el Complejo Fronterizo de Colchane, verificaron que dos personas habrían ingresado por un costado de la frontera, eludiendo el control migratorio respectivo”.
“Al resalizar las diligencias erspectivas, constataron que se trataba de un funcionario de la delegación provincial de Tarapacá, que cumplía funciones de asiste coordinador en el complejo fronterizo mencionado y una ciudadana boliviana, la cual al verificar su situación migratoria, se estableció que no posería ingreso regular al país”. “Por lo anterior se produce la detención flagrante del sujeto por el delito flagrante de Tráfico de Migrantes cometido por funcionario público, remitiendo los antecedentes respectivos al Ministerio Públicos”.
El imputado quedó con arresto domiciliario total
Al respecto, el ex director de Extranjería en Piñera 2, Álvaro Bellolio, señaló: “Es inaceptable que dos funcionarios del Ministerio del Interior, en menos de 2 meses, sean arrestados por traficar personas desde el país vecino. No son creíbles las palabras de las autoridades sobre la supuesta importancia que le dan al control fronterizo y al ingreso clandestino si son sus propios funcionarios, sin control, quienes ingresan ilegalmente a extranjeros a nuestro país, sin verificar antecedentes ni hacerse cargo de las consecuencias”.
“A su vez, es inentendible que las autoridades estén en contra del Estado de Excepción para permitir a las FF.AA. colaborar en fronteras mientras existe un negocio de vidas humanas generado por los responsables de los albergues en la ciudad fronteriza”.
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Bellolio se refirió en sus declaraciones a lo ocurrido el martes 27 de diciembre, cuando se detuvo a Denisse Gallegos, funcionaria de gobierno, en el Refugio de Migrantes de Colchane.
El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, dijo en esa oportunidad que la PDI “procedió a detener en el complejo fronterizo de Colchane a dos personas. Una de ellas, un guardia de seguridad que agredió a un funcionario de la PDI causándole lesiones leves, como asimismo una segunda persona, una mujer, la cual ejercía funciones públicas de control migratorio en el referido complejo. Esta persona actuaba con chaquetillas o logos institucionales permitiendo, facilitando el ingreso al país de migrantes venezolanos y bolivianos, permitiendo su ingreso al país por un sector no habilitado, siendo detenida en el lugar. Ambas personas pasarán a control de detención en el tribunal de garantía de Pozo Almonte”.
Gallegos, ex candidata a diputada del Partido de la Gente, indica en su página de LinkedIn que trabaja actualmente en el cargo “Asistente operativo Dispositivo Colchane”, dependiente del Ministerio del Interior.
Matamala aparece como candidato en las elecciones municipales de 2000 en la Lista de la Izquierda (ILB), aliada del PC, pero compitiendo como independiente. No logró su elección. En 2015, bajo Bachelet 2, aparece contratado como funcionario a honorario en la gobernación provincial del Tamarugal.
En 2017, el ex senador Fulvio Rossi denunció ante Contraloría a un grupo de funcionarios públicos y municipales que habrían “realizado acciones de manera concertada y violenta, con mensajes injuriosos, insultos y provocaciones durante el desarrollo del operativo social que efectuó el recurrente el 11 de marzo de 2017”. Rossi identificó a Matamala como uno de ellos, pero el dictamen de la entonces contralora subrogante, Dorothy Pérez, no logró acreditar que la intervención de los funcionarios públicos haya sido contraria a una “conducta social intachable”.
