Inhumación ilegal de un miembro de la CAM: el otro delito reivindicado en el acto que lideró Llaitul

Qué observar. El viernes 10 de junio, el cofundador y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, admitió ante un público de más de 100 personas reunido en un centro comunitario de Lo Hermida, en Peñalolén, que el grupo radical vendía madera de fundos tomados para obtener armas y municiones. Esa noche, también, la CAM habló de otro delito.

• “Nosotros efectivamente recuperamos madera”, dijo Llaitul durante la presentación del libro Chem ka Rakiduam (acción y pensamiento) de la CAM. “Pero esa madera no es parte de las mafias del robo de madera, ése es otro tema. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades”.

 

• Momentos antes había hablado la vocera del lof Pidenco Lumaco, Orfelina Alcamán, quien recordó a una figura que la CAM ha levantado como mártir: Pablo Marchant Gutiérrez, el exestudiante de antropología de la U. de Concepción que dejó la facultad, se sumó a un brazo operativo de la CAM y murió por un tiro policial el 9 de julio de 2021, cuando participaba de un atentado incendiario al fundo forestal Santa Ana de Carahue, que contaba con protección de Carabineros.

 

• Tenía 28 años y fue enterrado en julio de 2021 en una planicie del fundo Pidenco, tras un funeral con guardias armados.

 

• “Debo mencionar que este trabajo que hemos ido desarrollando permitió ir reconstruyendo ciertos espacios específicos como los menokos (sitios sagrados) que ahí están, el mismo eltún (cementerio) que tenemos ahí donde está nuestro lamien Toño hoy día, donde está Pablo Marchant”, dijo Alcamán. “Siempre se nos dice que nosotros rompemos reglas, que estamos fuera de (la) ley, pero sin embargo esos territorios siempre estuvieron ahí. Ahí dejaron los cementerios nuestros kuifikeche (antepasados). Y Pablo hoy día está ahí”.

 

• Orfelina Alcamán habló esa jornada en Santiago, incumpliendo su arresto domiciliario total por una causa por porte ilegal de municiones. Había fijado su domicilio en La Araucanía.

La causa por inhumación ilegal. A fines de julio de 2021 la fiscalía de La Araucanía abrió una investigación por la presunta inhumación ilegal de los restos de Pablo Marchant.

• La investigación fue abierta luego de que la delegación de La Araucanía presentó una denuncia por el caso. Ésta fue asignada al fiscal de alta complejidad Felipe González, quien también quedó a cargo de la causa por la presencia de encapuchados armados en el funeral de Marchant. El fiscal envió una orden de investigar a la Policía de Investigaciones.

 

• El lugar del entierro de Marchant había sido dado a conocer por el sitio Werkén Noticias, que publicó ese mes fotografías del sitio, con el siguiente mensaje: “Retirando de cuajo todo vestigio de plantas, pinos, forestales alrededor del Eltún (cementerio) del weychafe (combatiente) mapuche Pablo Marchant al interior del ex fundo Pidendo”.

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• Este mismo sitio de internet había sido autorizado por la CAM para difundir las imágenes de los encapuchados con armas largas que resguardaron el velorio y funeral del miembro de la CAM, el 12 y 13 de julio de 2021. En esas fotografías se veía lo que parecía ser un fusil M-16, cuyo uso está prohibido en Chile para civiles.

Las penas del delito. La inhumación ilegal está contemplada en el artículo 320 del Código Penal, y fija penas de hasta 540 días de cárcel y multas de hasta $587 mil.

• “El que practicare o hiciere practicar una inhumación contraviniendo a lo dispuesto por las leyes o reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, incurrirá en las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales”, dice el artículo 320 del Código Penal.

La condena en el caso de la denominada “secta de Pirque”. El 8 de abril de 2010 el Juzgado de Garantía de Puente Alto condenó a 2 integrantes de la denominada “secta de Pirque”, Roberto Stack y Nataniel Requena, a de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, y a pagar una multa de 6 Unidades Tributarias Mensuales, por el entierro ilegal de Jocelyn Rivas, 28, en la parcela donde vivía la comunidad.

• Fue enterrada allí en abril de 2007 luego de que su salud se agravara tras dar a luz.

La negativa de Siches a querellarse contra Llaitul. La ministra del Interior, Izkia Siches, descartó este martes querellarse contra Llaitul luego de que Ex-Ante difundiera un video en que el líder del grupo radical validó la venta de madera de fundos tomados para obtener armas, lo que generó que parlamentarios de gobierno y oposición pidieran al gobierno presentar acciones legales en su contra.

• Siches dijo este martes que “ésta no es una información nueva para nadie” y aseguró que estaba contemplada en la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado del 28 de julio, donde se actualizó la acción legal interpuesta el 23 de julio de 2018, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

 

• “En esta ampliación de querella no solamente solicitamos especial énfasis en estas declaraciones, la revisión de estas declaraciones como también de las previas en donde están contenidas las que fueron acogidas por la prensa este fin de semana, pero no son informaciones nuevas”, dijo Siches en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados.

 

• Sin embargo, una revisión de las 13 páginas de la ampliación de querella presentada por Siches permitió observar que en ésta no hay mención a las declaraciones de Llaitul en Peñalolén sobre la comercialización de madera de fundos tomados para adquirir armas. En ésta sólo se habla de la vía armada para perpetrar sabotajes.

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