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Héctor Sánchez, ex superintendente de Isapres: “Hasta 50 mil personas quedarían sin trabajo con la reforma a la salud”

Ex-Ante / Héctor Sánchez, ex superintendente de Isapres
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Héctor Sánchez fue el primer superintendente de Isapres y conoce como pocos el funcionamiento del sistema de salud chileno. Hoy es director del Instituto de Salud Pública de la UNAB y tiene una mirada autocrítica. “Se siguen muriendo varias decenas de miles de personas por las listas de espera. Por lo tanto, ese desafío no está resuelto”.

-El director de Fonasa, Camilo Cid Pedraza, dijo que las isapres deberían desaparecer del mapa de la Seguridad Social. ¿Cómo interpretas esa frase?

-Yo creo que representa el pensamiento profundo del gobierno en términos de que en definitiva su objetivo es que desaparezca el sistema de isapres como alternativa a Fonasa y avancen hacia su proyecto original: un seguro único de salud para todos los chilenos de carácter público. Ahora, si uno lo observa con cuidado, no se están preocupando del enfermo, sino de los muertos. Así de duro.

-¿En qué sentido?

-Si estuvieran preocupados del enfermo, su principal objetivo sería cómo salvar el sistema de isapres. No se percatan de que el problema que generaría la crisis de las isapres va mucho más allá de los beneficiarios, sino también de los prestadores de servicios de salud.

Por lo tanto, este proyecto que está preparando Fonasa no va a tener viabilidad porque no van a haber prestadores, que van a estar quebrados. En segundo lugar, muchos trabajadores van a ser despedidos del sector privado porque las empresas van a tener que ajustarse a sus costos.

-¿Cuánta gente se calcula que sería despedida?

-Nosotros hicimos un estudio en el escenario de que terminaran las isapres bajo el proyecto del gobierno. Serían 35.000 a 50.000 personas las que podrían perder su empleo.

-¿Las isapres están condenadas a desaparecer o pueden sobrevivir en el nuevo escenario?

-Yo creo que están en una condición muy grave. En los últimos dos años han perdido 280 mil millones de pesos. El segundo problema son las licencias médicas cuyo costo es incontrolable. Toda la mano dura que podrían aplicar las isapres para evitar el abuso de licencias está siendo revertido por los Compin o por la Superintendencia de Seguridad Social. Las medidas que se están tomando, de carácter policial, funcionan, pero por un tiempo muy corto.

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-¿Cuál es la solución para eso?

-Hay un incentivo vicioso, porque la licencia médica entrega el 100% de reposición de la renta del trabajador cuando se enferma. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Hay un costo político que nadie en Chile quiere pagar. Ningún gobierno ha querido ponerle el cascabel al gato.

-¿Hay más licencias en el sistema privado o público?

-En el caso de las isapres funciona un poco mejor que en Fonasa, porque las licencias médicas son alrededor del 35% del 7% y en el caso de Fonasa es el 50% del 7%. Es mucho lo que se está gastando en licencia médica.

Otro asunto grave es que el Compin tiene criterios demasiado relajados para controlar licencias. Pero hay un sistema que existe en Chile y que funciona bastante bien: las comisiones de calificación de invalidez y sobrevivencia de las  AFP. Por lo tanto, los cambios se pueden hacer, pero se requiere voluntad política.

-El año pasado 380.000 personas se fueron de las isapres a Fonasa. O sea, hay algo que está funcionando mal en el sistema privado.

-Eso sucede cuando pasan dos cosas en el país: cuando la situación económica se deteriora y disminuye el empleo. En esas dos situaciones la gente migra desde las isapres a Fonasa. Esto ha pasado históricamente, es cíclico.

-Las isapres, más allá de su funcionamiento, no tienen muy buena imagen según algunas encuestas. ¿Qué hacen bien y qué hacen mal? ¿Cuál es la autocrítica?

-Yo soy uno de los más críticos del sistema privado en los últimos 20 años, desde que me tocó conocerla cuando fui superintendente. Partamos por los problemas que tiene la Isapre. Las isapres tiene un modelo de negocio que a mi juicio es inflacionario: no están preocupadas del control del costo. Porque su modelo de negocio es que a medida que aumentan los costos, aumentan los precios. Así pudieron sobrevivir sin ningún problema hasta la primera reforma en 2005. Claramente, es un modelo de negocio equivocado. Y ese mismo año comenzó judicialización, se produce un calentamiento del aumento de los precios y en ese momento las personas empiezan a reclamar a no tribunales. Aquí, hay que echarle la culpa a los abogados. Fueron las isapres las que cavaron su tumba.

-¿Cómo evalúas la política en salud del gobierno del Presidente Boric?

-Mira, yo creo que aquí han habido tres grandes temas. El primer gran desafío, sin lugar a duda, ha sido el de las listas de espera. Y en este aspecto lo que estamos observando es que no han habido mejoras sustanciales. Al revés, las listas de espera en ambulatorios han aumentado, la lista de espera hospitalaria quirúrgica también han aumentado. Es cierto que han disminuido algunos plazos, pero las listas de espera ahí están y se siguen muriendo varias decenas de miles de personas por las listas de espera. Por lo tanto, este desafío no está resuelto.

El segundo gran desafío que tenía el Ministerio de Salud y el gobierno era enfrentar la pandemia. Y lo que podemos decir es que Boric recibió un país que tenía coberturas de hasta el 80% en vacunación y que tenía una pandemia que estaba ya bastante controlada en términos de número de personas enfermas. Y actualmente tenemos que las tasas de cobertura de vacunación no han superado el 25%. Han llegado, en el mejor de los casos, de personas mayores de 80 años, que son las más disciplinadas, a un 50%.

-El subsecretario Cristóbal Cuadrado salió…

-No es casualidad que el subsecretario de Salud Pública haya tenido que presentar su renuncia en el último cambio de gabinete. Si lo hubiera estado haciendo bien, no lo habrían cambiado. Por lo tanto, ese es el segundo desafío que no está resuelto en lo más absoluto.

Y el tercer desafío es la crisis de la isapres. El gobierno está al debe. Ya han pasado más de tres meses desde el dictamen de la Corte Suprema y hasta este minuto nadie sabe cómo el Gobierno pretende resolverlo para la crisis humanitaria que se va a producir, la crisis de empleo que se va a producir y la crisis financiera que se va a producir en el aparato prestador de servicios de salud. Por lo tanto, los tres grandes desafíos que tenía que enfrentar el actual gobierno están absolutamente al debe. No están resueltos.

 

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