El sostenido aumento de las indemnizaciones del Estado por causas de derechos humanos

Efectividad. La Dirección de Presupuestos debió consignar un incremento en las obligaciones que ha debido asumir el Fisco ante las demandas por perjuicios tramitadas en tribunales. En particular, existe una jurisprudencia que en forma reciente ha aceptado las indemnizaciones por perjuicios causados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

• El indicador que revela la nueva tendencia es la tasa de efectividad de las causas que representa el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Como órgano del Estado encargado de defender sus intereses, ese consejo lleva un registro de cuántos de los recursos contra el Estado –y sus montos– son exitosamente evitados en última instancia. La tasa de efectividad corresponde al porcentaje de dinero que el Fisco no paga por las demandas interpuestas en su contra.
• Hace una década, la tasa de efectividad solía estar sobre el 95%. Por ejemplo, en 2011 fue del 99%, y en 2013, 98%.
• En 2019 llegó al 90%. A partir de entonces bajó de ese umbral (en 2020 fue 82%) y en 2022 (a septiembre) alcanzó 87%.
• Todos estos datos provienen del CDE, pero son sistematizados cada año en el Informe de Pasivos Contingentes que publica la Dirección de Presupuestos (Dipres).
• En ese informe, es la propia Dipres la que ensaya una explicación sobre la disminución de la tasa: “La efectividad máxima muestra una disminución a partir del 2020 principalmente por cambios en la jurisprudencia aplicada por los tribunales de justicia en materias de derechos humanos. A partir del año 2020 dejan de prescribir las causas relacionadas a dichas materias, lo cual ha generado un impacto en los montos pagados por el Fisco considerando la cantidad y montos demandados por esas causas”.

Explicaciones. El CDE dice que es evidente que todos los años presentan “factores externos” que inciden en los resultados.

• Agrega ante una consulta de Ex-Ante: “En particular sobre lo que se menciona en materia de derechos humanos, desde el año 2019 hemos venido advirtiendo esta situación respecto al aumento de demandas en contra del Fisco en causas sobre indemnizaciones de perjuicios relativas a detenciones ilegales o torturas derivadas de actos del Estado ocurridos durante los años 1973 y 1990, en que ha sido determinante la jurisprudencia ya asentada en cuanto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por parte de la Excma. Corte Suprema, lo que ha redundado en un incremento de demandas en estas materias”.
• “Sumado a lo anterior, resulta evidente que una mayor judicialización tiene un impacto en los resultados de efectividad que pueda exhibir nuestro servicio”.

Tipos de demandas. Según el desglose que hace Dipres de demandas interpuestas y resueltas, el CDE tramitaba a septiembre de 2022 sobre 32 mil causas por un monto superior a los $10,2 billones.

• En el 85,6% de las causas manejadas por el CDE el Estado es demandado, y en el 11,5% de demandante (2,9% corresponde a “otros”, como gestión extrajudicial)
• Si solo se trata de las demandas contra el Estado, a septiembre de 2022 suman 12.454 causas por un monto total superior a $8,7 billones. El monto es 12,4% mayor al de 2021.
• Las causas civiles son las más preponderantes, en particular aquellas sobre indemnización de perjuicios (60,6% del total), “y las relacionadas a derechos humanos abarcan un 22,6% de los montos reclamados. Cabe destacar que en penal antiguo también están involucrados materias relativas a derechos humanos, equivalentes a 4,0% del monto demandado y un 2,8% del total de demandas”.

Costo total. “Si bien resulta muy difícil proyectar el costo que tendrá para el Fisco cada demanda, es posible analizar la exposición fiscal como una cartera de pasivos de los cuales algunos se activarán y otros no”, plantea la Dipres en el Informe de Pasivos Contingentes 2022.

• En un ejercicio teórico, si el Estado perdiera todas las causas en que está demandado, la merma fiscal representaría el 3,3% del PIB 2022.
• “Considerando la efectividad histórica del CDE de un 93,1%, el monto a pagar de la totalidad de las demandas sería equivalente a un 0,24% del PIB 2022, manteniendo ambos porcentajes respecto del año 2021”.

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