Dos empresas demandan a Junaeb por un supuesto incumplimiento de las bases de licitación

Demanda. Dos firmas proveedoras de alimentos que no fueron seleccionadas en la reciente licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) demandaron a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Exigen que el concurso quede sin efecto.

• Las demandas de Salud y Vida (Savisa) y Comercial de Alimentos (Alicopsa) ante el Tribunal de Contratación Pública impugnan el resultado de la licitación por un supuesto incumplimiento de las bases planteadas por la propia Junaeb. En particular, abordan lo referido a las cuotas máximas permitidas a los beneficiarios finales.
• La licitación reparte recursos en tres años por un total de US$ 725 millones. Las empresas deben proveer 778.939 diarias en comunas de cuatro regiones (Coquimbo, Metropolitana, La Araucanía y Magallanes), que corresponden al 20% del país.
• Cada licitación cubre un grupo poblacional en ciclos trienales traslapados.
• El resultado de la licitación 2023-2025 dio por ganadoras a 11 firmas, como Merkén, Aliservice y Soser.

Cambios. Para esta licitación, la Junaeb –dirigida por Camila Rubio– exigió por primera vez conocer quiénes son los dueños finales de las empresas participantes. También dispuso que habría una cuota máxima de raciones por beneficiario final.

• Distintas empresas interpretaron que Junaeb estaba dejando fuera, en la práctica, al menos a un gran actor: el grupo uruguayo-norteamericano Delibest. En Chile se conoce como Merkén SpA.
• Sin embargo, Merkén fue al final la que se llevó más raciones (casi 200 mil diarias) y recursos (US$ 187 millones en tres años). Ocurrió pese a que la propia Merkén ya había demandado a Junaeb porque consideraba discriminatorias las mismas bases, en su caso porque se impedía la unión temporal de empresas (UTP). Delibest también inició un proceso para una eventual demanda contra el Estado de Chile ante el Ciadi, revelado por Ex-Ante.

Bases. En el punto 7.5.3 de las bases, Junaeb planteaba que la limitación de raciones hasta 650 mil diarias “se establece para todo el grupo de oferentes que respondan a mismo beneficiario final”.

• Hubo abundamiento sobre ese tema. En una fase de preguntas y respuestas del proceso de licitación, Junaeb subrayó a los interesados que “la cantidad de raciones vigentes se suman y agrupan respecto de todas aquellas empresas que responden a un mismo beneficiario final”.
• En la demanda de Savisa, el equipo jurídico que dirige Samuel Donoso dice que ese criterio “fue confirmado por los propios funcionarios de Junaeb en la reunión informativa correspondiente, condicionando la oferta realizada por mi representada, quien debió ajustar sus pretensiones al límite prescrito en las Bases”. Savisa ofrecía en ese entonces 400 mil raciones diarias por otros procesos licitatorios.
• “Infringiendo abiertamente las Bases de Licitación y los objetivos del proceso, Junaeb […] adjudicó parte de la Unidades Territoriales licitadas a dos oferentes que no satisfacían la exigencia del artículo 7.5.3 de las Bases: Consorcio Merken SpA y Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A.”.
• En su impugnación, Alicopsa (representada por el abogado Jorge Echeverría) enfatiza que Junaeb “se abstuvo de aplicar, respecto de los oferentes que formaban parte de estructuras societarias integradas por diversas entidades unidas por un mismo beneficiario final, el mecanismo de restricción del Volumen Máximo de Productos Alimenticios a Adjudicar (VMPAA), contrariando disposiciones expresas contenidas en las Bases y distorsionando de ese modo lo que debieron ser los resultados de la adjudicación materializada a través del acto administrativo impugnado”.

Ganadoras. Según publicó Ex Ante, Junaeb otorgó a Merkén un contrato por US$ 187,9 millones, y otro a Aliservice por $171,8 millones.

 

• Savisa está asociada a la familia de Jaime Abumohor Gidi, y Comercial de Alimentos (Alicopsa) al grupo Pentzke.

Rubio. “No existe razón jurídica que permita subsanar el vicio de ilegalidad y arbitrariedad en que incurrió el demandado. Es más, el acto no contiene ninguna referencia, reflexión o cierta una luz que permita entender cuál fue el razonamiento del órgano Junaeb para dejar de observar las Bases del concurso”, reclama Savisa.

• En una entrevista con Ex-Ante, Camila Rubio anticipó la respuesta de su institución a los cuestionamientos de quienes creen que no se respetaron las bases en relación con los beneficiarios finales.
• “Cuál fue el objetivo de esto: que definiéramos con cuál empresa íbamos a trabajar. No es con “las” empresas del consorcio; es con una empresa, y esa empresa es la que debe tener ciertos máximos [de raciones]. Y como estaba ya desde hace mucho tiempo dividida, claro, no se notaba cuánto eran los máximos que podían trabajar con cada empresa. En las próximas licitaciones vamos a trabajar con una sola empresa de un mismo beneficiario final”.
• “Eso es parte de un proceso. Tampoco podemos limitar las cosas tan de raíz. Tenemos que hacer los procesos ordenados, conscientes y planificados”.

Exigencia. Savisa y Alicopsa piden al tribunal “declarar la ilegalidad y arbitrariedad” de la resolución que adjudica el PAE-PAP, y que la deje sin efecto y que retrotraiga el acto impugnado a una etapa previa.

• Ex-Ante consultó a Junaeb. Su respuesta: “Como institución, tenemos tranquilidad y la confianza en nuestros procesos de licitación. Ahora bien, es esperable que las empresas puedan solicitar apelación en estas instancias. Esperemos que las instituciones funcionen”.

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