La PDI llegó a la Municipalidad de Las Condes para incautar computadores de 3 directivos. La alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) entregó voluntariamente el suyo también. La diligencia se dio en el marco de una denuncia en fiscalía por parte de 4 concejales de Chile Vamos y Republicanos, que acusaron un sobreprecio de unos $342 millones por una de 10 viviendas compradas para levantar un Cesfam. La municipalidad respondió que la adquisición estaba en regla y había sido inscrita por el Conservador. La alcaldesa ordenó realizar un sumario y una auditoría.
Qué observar. Este jueves por la mañana efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron a la Municipalidad de Las Condes en el marco de la investigación que instruye el fiscal Rodrigo Mena.
- Buscaban los computadores del jefe jurídico, del director de Planificación y del secretario general de la corporación de Educación y Salud, los que fueron entregados, según fuentes del municipio. La alcaldesa Daniela Peñaloza entregó voluntariamente el suyo también, dijo en un video.
- También buscaban incautar celulares, detalló la fiscalía.
- Era el desenlace parcial de una causa iniciada el 22 de marzo de este año, cuando la fiscalía local de Las Condes estampó el timbre azul de “recepcionado” en una denuncia criminal presentada por 4 concejales de Chile Vamos y Republicanos: Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex UDI), y Leonardo Prat y Sergio Melnick, que corrieron como independientes en un cupo de Republicanos.
- Los concejales acusaron en el escrito que se habrían cometido 3 delitos en la compra de un paño donde se busca levantar el tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna.
- “Venimos en interponer denuncia criminal en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices y/o encubridores por hechos constitutivos del delito de falsificación de instrumento público (…), fraude al fisco (…), estafa (…), y por cualquier otro hecho o delito que se pueda investigar”, consignó la denuncia.
- En el escrito acusaron un supuesto pago de sobreprecio en la compra de una vivienda de un paño, además del cobro de comisiones no aprobadas y la modificación del acta de un concejo municipal de marzo de 2022. También se hizo una presentación en Contraloría.
- Desde el municipio descartaron entonces el pago de sobreprecio y de comisiones no aprobadas. Afirmaron que sí hubo un ajuste en un acta de hace un año, la que fue informada hace ya 11 meses a los concejales.
- La alcaldesa instruyó entonces la apertura de un sumario para indagar eventuales responsabilidades administrativas en la última situación.
Por qué importa. La causa fue abierta cuando paralelamente son investigados como imputados el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex RN) y la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), lo que abre un flanco para Peñaloza, una edil que está en su primer período.
- En este marco es que este jueves la edil grabó un video detallando la entrega voluntaria de su computador. A esto se sumó la contratación a la empresa AZ para realizar una “auditoría externa”, que incluye una “revisión exhaustiva del proceso de compra de los terrenos para un futuro Cesfam”.
- “Quiero que la fiscalía cuente con todos los antecedentes para esclarecer, cuanto antes, toda la situación”, dijo la edil en la grabación.
- La denuncia de los concejales mostró también las pugnas en la derecha a nivel local. Patricio Bopp, uno de los concejales denunciantes de la alcaldesa UDI, anunció su renuncia al partido.
El proyecto investigado. Los hechos que sustentan la denuncia se remontan al 10 de marzo de 2022, cuando se citó a los concejales a una reunión para discutir el levantamiento de un tercer Cesfam en Las Condes.
- Las instalaciones debían tener más 5 mil metros cuadrados para beneficiar a más de 30 mil personas y atender así al número significativo de adultos mayores que utilizan el sistema público de salud, Fonasa. En la cita se habrían mencionado las alternativas disponibles a la fecha.
- La materia pasó esa misma jornada al Concejo, donde se aprobó el Acuerdo 54/2022 para destinar hasta 353.956 Unidades de Fomento (UF) para la adquisición del paño, equivalentes a cerca de $12 mil millones.
- La compra se aprobó con los votos a favor de la alcaldesa y todos los concejales, salvo Isidora Alcalde (RD y única concejal de oposición), que estaba con licencia, consignó el acta.
La solicitud de revisión. Según plantearon los concejales denunciantes, un año después —y a raíz de las denuncias de irregularidades investigadas este verano en el caso de la clínica Sierra Bella de Santiago Centro—, la concejala San Martín, quien preside la comisión de Hacienda, pidió revisar la situación del Cesfam comunal.
- En una sesión mixta celebrada el 9 de marzo de este año, Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Corporación de Salud y Educación habría explicado que Vulcon Asset Management SpA fue la gestora inmobiliaria para uno de los paños compuesto por 10 casas, que sumaban 3.406,95 metros cuadrados.
- Nueve de las 10 casas pertenecían a particulares y Vulcon era la dueña de la décima.
- Para un paño contiguo, sin casas, el operador inmobiliario fue Engel & Völkers. El dueño del terreno era Inmobiliaria FG Oriente II SpA.
En qué consiste la denuncia. Los concejales denunciaron que, si bien se les habría asegurado que el precio de compra por vivienda para las 10 casas sería de 68 UF el metro cuadrado, esto se habría incumplido en el caso de la décima vivienda, propiedad de Vulcon, donde se habrían pagado 112,6 UF por metro cuadrado.
- Dado que esa propiedad tiene 215,71 metros cuadrados, se habrían pagado 24.288,9 UF por la propiedad, en vez de las 14 mil 668.3 que se debieran haber cancelado. Es decir, 9.620,7 UF extra. Unos $342 millones, con el cambio de este viernes.
- Sostuvieron también que, en un cuadro presentado en la comisión mixta, se detalló que en las compraventas efectuadas se incluyó un cobro denominado “liquidación promesa”, por 2.904,25 UF ($103 millones en la conversión actual), que acusan sería injustificado.
- No es claro en la denuncia si el pago se habría efectuado una vez o en las 10 propiedades, en cuyo caso el monto cuestionado superaría los mil millones de pesos.
- Además, afirmaron que hubo una modificación inconsulta del acuerdo aprobado por el concejo del 10 de marzo de 2022 en que se habría agregado posteriormente detalles que no recibieron el visto bueno ese día.
- Un texto disponible en el sitio web del municipio, decía: “Se aprueba la voluntad de comprar los lotes correspondientes a un total de 5.315 m2, a Inmobiliaria FG Oriente II SpA y a Vulcon Asset Management para la creación de un nuevo Cesfam para la comuna, por un monto total de hasta 353.956 Unidades de Fomento, más el pago del respectivo corretaje, equivalente al 1,5% del valor de la compra, y se autoriza la firma de Promesa de Compraventa por parte de la Municipalidad”.
Los descargos de la municipalidad. El administrador municipal Juan Masferrer aseguró en marzo a Ex-Ante que la compra fue hecha en regla y que el Conservador de Bienes Raíces inscribió la última de las 10 casas el 28 de febrero.
- Respecto del cuestionamiento por el pago de más de 68 UF por metro cuadrado en la última vivienda dijo que “ellos creen que el acuerdo es por casa cuando el propio acuerdo que ellos definieron es por lote, porque lo que requiere la municipalidad es un paño completo de 5.300 metros para construir un Cesfam”.
- Sostuvo que el valor de 68 UF es “considerando todos los metros cuadrados de todas las casas del lote” y que, se si realiza ese cálculo, se cumplió con el acuerdo, ya que hay viviendas por las que se pagó un monto inferior.
- Acerca de la eventual existencia de un vicio de lesión enorme, dijo que “incluso si uno fuera, casa por casa, en ninguna casa hay también una compra que pueda llegar a la lesión enorme respecto de las definiciones jurídicas, y el ejemplo máximo de esto es que todas las propiedades pasaron por todos los filtros legales, incluido el Conservador de Bienes Raíces de Santiago”.
- Planteó que la “liquidación promesa” cuestionada también estaba acordada y se respetó el margen de las 68 UF por metro cuadrado.
- Sobre la acusación de falsificación de instrumento público por el acta del 10 de marzo de 2022 afirmó que “se hizo un ajuste que no tiene que ver con el fondo del acuerdo, ese ajuste efectivamente ocurre, pero fue de total conocimiento de los concejales, porque ese es el acuerdo que se les envía para aprobar a través del acta que se entrega en el concejo siguiente (…), el cual está completamente aprobado”. Detalló que la última aprobación es del 7 de abril de 2022.
- Dijo que, sin embargo, que “la alcaldesa ha ordenado la realización de un sumario porque quizás administrativamente, en la forma interna, habrá que revisar la actuación particularmente de la secretaría municipal. Tiene que ver con velar con un sentido de transparencia y probidad de todo el proceso”.
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