Las claves constitucionales de la semana
Qué pasó y qué viene. El lunes fue la última votación del Consejo Constitucional de la propuesta definitiva de nueva Carta Magna, aprobándose por 33 votos a favor de la oposición y 17 en contra del oficialismo, lo que fue acompañado por discursos finales de los consejeros y comisionados.
- Así comenzó la última etapa de este proceso, cuya conclusión será con el plebiscito del 17 de diciembre. Para esto, el próximo martes 7 de noviembre se entregará oficialmente el proyecto al Presidente Boric.
Continúan las muestras de posición. Luego de la votación final, consejeros y delegados del oficialismo hicieron un punto de prensa donde como bloque llamaron a votar “En contra”. Esto era esperable no solo por sus reiteradas manifestaciones de disconformidad con el texto, sino que también porque aprobaron el de la Convención Constitucional rechazado el año pasado. A diferencia de aquella, la propuesta actual está lejos de ser el proyecto refundacional que satisfacía a los sectores de la izquierda más radical.
- Durante la semana, el mundo político y destacadas personalidades siguieron mostrando sus posiciones. En la mayoría de los casos coincide que quienes aprobaron en septiembre del 2022 están “En contra” este año y quienes rechazaron, ahora van por el “A favor”. El martes, Amarillos se manifestó por el “A favor” y lo mismo hizo el jueves el partido Demócratas. Mientras, por la opción “En contra” se pronunció el PPD, el FA y el PC.
- El Presidente Boric también sumó críticas. Entre otras frases, afirmó que la propuesta no era de consenso y que se habían cometido los mismos errores que en el fracasada Convención Constitucional del año pasado. Sin embargo, este proceso tiene su origen en un acuerdo democrático transversal plasmado en las 12 bases institucionales; hubo un grupo de expertos, que a su vez representaban a todos los sectores políticos, que propuso un anteproyecto apoyado por todos; el Consejo fue elegido democráticamente y tuvo múltiples instancias de negociación. Sin embargo, pese a las declaraciones de buenas intenciones el oficialismo se negó a ceder e incluso votó en contra de materias que apoya.
[Archivo] Dirección del PC oficializando su postura de cara al plebiscito. Agencia Uno.
Un proceso de mayor consenso. En esta línea destaca un informe del Instituto Res Pública que observa que el 71% del texto del Consejo Constitucional proviene del anteproyecto de la Comisión Experta, cerca del 44% de todas las votaciones se aprobaron por unanimidad, mientras en la Convención Constitucional un 0,4%; y aproximadamente la mitad de las votaciones obtuvieron un 90% o más de consenso (en la Convención fue de un 9,3%).
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Diferencias de fondo con la Convención. En materia de los contenidos de los proyectos 2022 y 2023, también se observan diferencias. El vigente se ciñe a las 12 bases institucionales, pues en ninguna etapa se recurrió al Comité Técnico de Admisibilidad; se mantienen las instituciones republicanas; se reconoce a los pueblos indígenas privilegiando la unidad; no establece entidades territoriales autónomas; respeta la separación de los poderes del Estado, y no quita el carácter de tal a la Justicia; respeta el derecho de propiedad, etc. En definitiva, el proyecto rechazado en 2022 buscaba un modelo de sociedad distinta a la democracia liberal y representativa, en tanto el que debe votarse la fortalece.
Principios inspiradores de la propuesta constitucional. Más allá de las comparaciones, es necesario conocer el proyecto que se plebiscitará en diciembre, el cual consta de 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias. A continuación, se mencionan algunas de sus novedades en materia de principios, los que están contenidos en su Capítulo I “Fundamentos del Orden Constitucional”, cuya importancia radica en que deben inspirar al resto del ordenamiento jurídico:
1. Parte consagrando que dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia.
2. El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
3. El aseguramiento del acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres.
4. El reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible.
5. Se establece que la corrupción, en cualquiera de sus formas, es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. Se crea una Agencia Nacional contra la Corrupción.
6. La obligación fundamental del Estado y la comunidad política de trabajar por la paz social. Agrega que el orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción política.
7. El deber del Estado de la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo.
8. Se establece que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación. Los responsables de estos delitos no podrán ser indultados. A su vez, las agrupaciones a las que pertenecieran los autores, cómplices o encubridores de estos delitos podrán ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a solicitud de la víctima o cualquier otra persona. Además, el Estado reconoce especialmente a las víctimas de terrorismo, las que tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado.
9. El reconocimiento y aseguramiento del interés superior de los niños, que incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia.
10. El reconocimiento del valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo a cuidadores y personas bajo su cuidado. Además, deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral, y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad.
11. El deber del Estado de promover la participación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
