El fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó, este jueves, que se abra una investigación de oficio en contra de la candidata al Senado del Frente Amplio por la región Metropolitana, Karina Oliva, por un supuesto fraude en su declaración de gastos ante el Servicio Electoral (Servel) por su campaña política a la gobernación regional a principios de este 2021.
A través de redes sociales, el Ministerio Público informó que el fiscal de la región Metropolitana Sur, Héctor Barros, será el encargado de llevar adelante la investigación que involucra al expresidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, y otros seis militantes de la colectividad que colaboraron con la campaña de Oliva.
Según la fiscalía, la decisión se fundó en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), la que tras analizar los antecedentes revelados por la prensa concluyó que podría configurarse el delito de fraude de subvenciones, en la medida que, según se ha publicado, “se habrían rendido gastos electorales mendaces”, de boletas y facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos.
Todo ello, sostiene la resolución, sería indiciario de una conducta fraudulenta, con la finalidad de obtener los aportes fiscales regulados en los artículos 13 y siguientes de la Ley de Gasto Electoral. Este delito es de carácter común y de acción penal pública, por lo que la Fiscalía puede perseguirlo de oficio, a diferencia de los delitos electorales en los que para abrir una causa requiere la presentación de una denuncia o querella del SERVEL.
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Una publicación de CIPER Chile reveló que los gastos rendidos por siete colaboradores de Oliva ante el Servel, todos del Partido Comunes, superan los 137 millones de pesos, llegando incluso a 8 millones de pesos mensual en el caso de su exjefe de campaña, durante cinco meses.
La rendición de gastos de la campaña de Oliva ante el Servicio Electoral se distancia de los otros siete candidatos a gobernador regional que compitieron en mayo pasado y es solo comparable con las rendiciones de la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2017.
En su defensa, Karina Oliva apuntó a la forma de financiamiento del Servel, que obliga a esperar cerca de ocho meses a los colaboradores para recibir el pago.
