Tras el operativo que llevó hoy a la detención de un grupo 29 médicos de nacionalidad extranjera – a quienes se acusa de integrar una organización dedicada a la emisión de licencias fraudulentas- por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), valoró estas acciones e interpuso una nueva querella contra ese grupo de facultativos.
“Como Consejo nos sumamos a estas acciones con la presentación de una nueva querella contra un número importante de profesionales detenidos el día de hoy”, señaló el presidente (s) del CDE, Daniel Martorell, quien destacó los resultados del operativo de hoy que permitió la “detención masiva de médicos, grandes emisores, en el marco de una investigación por los delitos de emisión fraudulenta de licencias médicas falsas y obtención improcedente de subvenciones estatales”.
Esta mañana funcionarios de la PDI y fiscales registraron de manera simultánea 32 domicilios y en dos centros médicos ubicados en distintos puntos de Santiago, como resultado de una investigación que se extendió a lo largo de cinco meses a cargo de la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.
Martorell indicó que el trabajo conjunto con otras instituciones del Estado -como Fonasa, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Compin y el propio Ministerio Público- “nos ha posibilitado la presentación de 45 querellas criminales, a la fecha, por el delito de fraude por emisión de licencias médicas falsas, estimando cuantías por más de $ 55 mil millones”.
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En relación a esta ofensiva de las autoridades, el presidente del CDE enfatizó que “desde que detectamos este tipo de delitos, “como Consejo actuamos con la mayor prontitud, impulsando la instauración de una mesa de trabajo con distintas instituciones del Estado, de manera de actuar colaborativamente y tener una mirada global del grave problema, y también de manera interna como CDE a través de la coordinación nacional de nuestros abogados, por medio de un equipo de trabajo especializado, para pesquisar estos asuntos de manera general y no caso a caso”.
“Como Consejo de Defensa del Estado estamos convencidos que, frente a estos delitos masivos, de gran afectación al patrimonio fiscal, las instituciones deben actuar coordinadamente para asegurar que los recursos públicos se destinen eficaz y oportunamente a las necesidades que presenta el país y especialmente para las personas más vulnerables”, añadió Martorell.
