En una semana que se anticipa clave para la reanudación de las conversaciones entre las isapres y el Ministerio de Salud que tienen como principal objetivo la implementación del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema por las tablas de factores de riesgo, Colmena manifestó su posición sobre el marco a partir del cual debe estructurarse este proceso y especialmente su punto central: las devoluciones a los afiliados por concepto de ingresos percibidos por encima del parámetro vigente desde abril de 2020.
Al respecto, la isapre ligada a grupo Bethia cuestionó de plano que la implementación del fallo deba fundamentarse en la noción de que la industria captó recursos por concepto de las tablas de factores de los planes de salud de manera irregular, afirmando que sus políticas comerciales de los últimos años se apegaron a la legalidad vigente.
“Queremos ser enfáticos: Colmena no realizó ningún cobro indebido a sus afiliados. Esta es una afirmación grave que no se condice con los hechos”, afirmó la aseguradora en una declaración pública difundida hoy, en la cual afirma que “cumplió siempre, rigurosamente, con las instrucciones que dictó la Superintendencia de Salud en base a su interpretación del fallo del Tribunal Constitucional de 2010”.
Asimismo, Colmena argumentó que “tampoco realizó cobros en exceso”, señalando que “si lo hubiésemos hecho, no habríamos perdido $60.000 millones -antes de impuestos- en los dos últimos años”. En este sentido, la empresa reiteró que su actuación “fue continuamente supervisada y fiscalizada por esta autoridad, sin haber sido nunca sancionados por incumplimientos en esta materia”.
La isapre salió al paso de la base del proyecto de ley corta que está diseñando el Ministerio de Salud –con el objetivo, hasta ahora, de enviarlo a más tardar en la primera semana de abril- para instruir el fallo del máximo tribunal con un mecanismo de devolución a los afiliados y establecer un marco para la operación de la industria. En relación al primer objetivo, Colmena afirmó en su declaración que “mediante la interpretación del fallo se pretende que devolvamos ingresos que no recibimos. Es por ello que las devoluciones que se evalúan ponen en riesgo nuestra continuidad operacional”.
Cabe señalar que en los cálculos preliminares de la autoridad se ha estimado que el monto de las devoluciones asciende a unos US$ 1.400 millones, monto que el gremio de las isapres ha señalado que equivale a cuatro veces su patrimonio y a las utilidades de las últimas tres décadas.
“Hoy, nuestra máxima preocupación es que dicha implementación quiebre el equilibrio financiero que se requiere para continuar asegurando la salud de los 680 mil beneficiarios de Colmena”, enfatizó la isapre, quien respecto del sentido que debe tener el cumplimiento del fallo de Tercera Sala del máximo tribunal indicó sostuvo que este dictamen ha sido claro en que “es la Superintendencia quien debe determinar cómo implementar el fallo y que esto debe hacerse sin provocar la quiebra de las isapres; en la implementación debe primar el interés de las personas y éstas, antes que nada, quieren que sus planes continúen existiendo. Por ello, la fórmula debe resguardar el equilibrio financiero del sistema de aseguramiento”.
En su argumentación, Colmena insistió en que el dictamen de la Superintendencia de Salud que estableció una nueva tabla única (sin distinciones por sexo y con una estructura de riesgo por edad simplificada en abril de 2020- que “se aplicó a los planes nuevos, comercializados desde esa fecha, y si se hubiera instruido aplicarla también a los planes antiguos, algunos afiliados habrían pagado menos, pero otros hubieran pagado más. En este caso, Colmena habría recaudado un monto similar, pero no obtuvo mayores ingresos por aplicar la tabla única sólo a los planes nuevos”.
“A fines de 2022, la Tercera Sala modificó el criterio que la Superintendencia había definido tres años antes. Que este fallo tenga efectos retroactivos es una muestra más de la incertidumbre legal en la que estamos operando las isapres”, agregó Colmena.
Finalmente, la isapre aseguró que está a disposición de las autoridades para “contribuir a la implementación del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema por las tablas de factores de riesgo”.
