Este martes se conoció que la árbitra Cindy Nahuelcoy demandó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por más de $114 millones de pesos por "vulneración de derechos fundamentales".
Así lo dieron a conocer los abogados de la exparticipante de "¿Ganar o Servir?", quienes entregaron detalles del proceso judicial que comenzó la árbitra en contra del ente rector del fútbol chileno.
"Lo que se dice en la demanda es que la ANFP vulneró lo que podríamos llamar los derechos humanos del trabajador mientras ella estuvo trabajando. Y apuntamos a tres aspectos: a la libertad de trabajo, la integridad síquica y discriminación por razones de género", sostuvo Diego Sobarzo, abogado de Cindy Nahuelcoy, en conversación con LUN.
Vale recordar que la árbitra chilena se autodespidió de la ANFP el pasado 8 de marzo, luego de que fuera sancionada con 40 fechas de suspensión por hacer pública una denuncia junto a Loreto Toloza en contra de Julio Bascuñán, a quien acusaban de favorecer a otra jueza en sus designaciones.
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"La ley sólo permite al empleador imponer multas y en este caso les impidieron desarrollar su profesión, las excluyeron de las charlas técnicas y de las pruebas físicas", comentó el abogado.
Respecto a eso último, señaló que "es muy importante, porque la sanción del Tribunal de Disciplina indicaba que no podían participan en el Campeonato Nacional organizado por la ANFP, pero hay otros torneos que no organiza la ANFP, como la Copa Chile, algunos partidos de la Conmebol, juveniles y tercera división. Pero como no la dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió parche FIFA y la habilitación de árbitro".
"Discriminación es tratar a iguales de manera diferente. Acá teníamos trabajadores exactamente iguales, la misma profesión, mismas funciones, la única diferencia era el género", agregó.
En el desglose entregado por el medio citado, la demanda interpuesta en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la árbitra solicita que se le condene a la ANFP a pagar $19.250.000 por sus once años de servicio, $1.750.000 por indemnización de aviso previo, $9.625.000 por recargo sobre los años de servicio.
Además, $1.966.667 por remuneraciones pendientes, $3.500.000 por feriado legal y proporcional y $59.500.000 por daño extrapatrimonial, lo que se conoce como "daño moral".