La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó este jueves un requerimiento contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando que se elimine la cuota que deben pagar los equipos de Segunda División Profesional cuando ascienden a Primera B.
El organismo acusa que esta práctica “impide, restringe y entorpece la libre competencia en el mercado o, al menos, tiende a producir dichos efectos, al constituir una barrera artificial al ingreso de nuevos competidores y afectar seriamente la capacidad competitiva de los clubes entrantes, en detrimento de la intensidad competitiva en el mercado y, finalmente, de la calidad del producto ofrecido a los consumidores”.
El elevado monto entre 2011 y 2017 ascendía a 50 mil UF y hoy es de 24 mil UF. Por lo mismo, la fiscalía inició una investigación en diciembre del 2016, tras recibir cuatro denuncias relacionadas a la cuota que en su momento debió pagar Deportes Valdivia.
La FNE consideró que “la cuota constituye una verdadera barrera a la entrada al mercado de los espectáculos deportivos generados en base al torneo de Primera B”.
“En efecto, resulta altamente probable que muchos de estos clubes no sean capaces de financiar la cuota de incorporación y que, por lo tanto, no puedan participar en el campeonato de Primera B al que les correspondería haber accedido gracias a sus méritos deportivos”, agregan.
Además, “la FNE plantea que la exigencia de la cuota afecta la capacidad competitiva del club que asciende a Primera B, porque lo obliga a comprometer sus ingresos futuros por un periodo de tiempo considerable, impidiéndole invertir en el plantel en condiciones similares al resto de los clubes de la categoría”.
“De acuerdo al requerimiento, este compromiso económico con la ANFP haría que el club desatienda temas como salarios de jugadores y cuerpo técnico, infraestructura, mejores condiciones de hotelería, traslado y divisiones inferiores”, informaron también.
Lo que solicita ahora la fiscalía al TDLC es que “la ANFP el cese de la conducta imputada y le imponga una multa a beneficio fiscal de 5.000 UTA, equivalente aproximadamente a US$ 4,7 millones”.
