A pesar de su enorme importancia y popularidad en el todo el mundo, el fútbol no es exactamente uno de los deportes más relevantes en Estados Unidos. Pero este miércoles, ese país encabezó una cruzada transnacional para perseguir la supuesta corrupción que involucra a varios miembros del órgano rector del fútbol mundial, FIFA.
Temprano en la mañana, policías suizos entraron al hotel donde se hospedaban varios de sus directivos y arrestaron a siete de ellos.
Horas después, una corte de Brooklyn reveló que había presentado cargos por lavado de dinero, crimen organizado y 45 delitos más contra 14 altos dirigentes, por supuestamente cobrar y pagar "sistemáticamente" sobornos y comisiones por US$150 millones.
Todo mientras el FBI y la oficina de impuestos de EE.UU., IRS, registraban la sede de la Confederación de Fútbol de Norte y Centroamérica, Concacaf, en Miami Beach.
Pero ¿por qué de repente decide EE.UU. hacer de árbitro y juez de la corrupción de fútbol mundial?
¿Extralimitación?
Los arrestos de los procesados este miércoles en Zúrich fueron realizados por la policía suiza y atendiendo una petición del Departamento de Justicia de EE.UU., que espera que sean extraditados y enfrenten cargos en su territorio.
Más que una intromisión policial estadounidense en Suiza lo que hay es una situación de colaboración entre dos países para lograr el mismo objetivo: perseguir la corrupción en la FIFA.
Y al igual que en EE.UU., la justicia suiza lleva también a cabo su propia investigación por corrupción contra el organismo, concentrada en el proceso en que fueron otorgadas a Rusia y Qatar los mundiales de 2018 y 2022.
"Es cuestión de voluntad política. Al igual que con el soborno internacional en general, el Departamento de Justicia estadounidense dijo que incrementará las investigaciones contra la corrupción", le dijo a BBC Alexandra Wrage, exasesora de la FIFA en temas de anticorrupción que dimitió en 2013.
En efecto, EE.UU. está siguiendo su tradición de persecución del crimen internacional, para el que la Constitución le ha otorgado al Congreso la facultada de castigar delitos contra naciones cometidos en otros países.
La Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) aprobada en 1977, hace ilegal que las compañías y sus supervisores influyan sobre cualquier persona a través del pago de recompensas.
La FCPA actúa sobre cualquier individuo que tenga algún grado de conexión con EE.UU. y se involucre en prácticas de corrupción extranjeras y se puede aplicar para empresas estadounidenses en países extranjeros tanto como para extranjeras que operen en territorio del país, incluyendo ciudadanos o residentes extranjeros.
Sin embargo, todavía no hay garantía de que Suiza extraditará a quienes detuvo este miércoles en Zúrich.
Vínculo jurisdiccional
Con el fin de procesar los casos que involucran a ciudadanos extranjeros, las autoridades estadounidenses sólo necesitan demostrar una conexión con EE.UU..
Desde una reunión en territorio estadounidense hasta un correo electrónico que haya pasado por sus servidores constituyen un vínculo de jurisdicción y basta para que EE.UU. pueda llegar a ciudadanos extranjeros sin violar ninguna ley.
Según las autoridades, los supuestos delitos se concertaron en territorio estadounidense y usando los sistemas financieros del país.
"Los acusados y sus cómplices diseñaron sus esquemas de conspiración en reuniones que tuvieron lugar aquí en Estados Unidos, usaron los bancos y los sistemas de transferencias estadounidenses para distribuir sus pagos de sobornos", dijo Loretta Lynch, fiscal general de EE.UU. en una conferencia de prensa este miércoles.
"Tomaron su esquema de ganancias en gran parte de los esfuerzos de promoción del creciente mercado de fútbol estadounidense", explicó.
Por su parte, el director del FBI James Comey explicó ante la prensa la posición de las autoridades estadounidenses.
"Quien toque nuestras costas con su empresa corrupta, ya sea a través de reuniones o mediante el uso de nuestro sistema financiero de clase mundial, será acusado de corrupción ", aseguró.
Y según las acusaciones, los miembros de la FIFA hicieron ambas cosas golpeando el corazón, pero sobre todo el negocio del fútbol estadounidense.
La FIFA y las confederaciones de fútbol ganan dinero mediante la venta de los derechos de comercialización y de transmisión del Mundial de Fútbol y otros torneos.
Los cargos que llevaron a las detenciones son por el "pago sistemático de sobornos y comisiones ilegales" de parte de ejecutivos para aumentar sus posibilidades de ganar contratos por los derechos deportivos de los torneos.
Allanamientos en Miami
El acontecimiento sobresaliente este miércoles en EE.UU., fue el registro de la sede de la Concacaf en Miami Beach.
Dos de las personas procesadas son Jeffrey Webb y Jack Warner, el actual director y el exdirector de la Concacaf respectivamente.
No está claro que están buscando específicamente las autoridades con esta búsqueda, pero muchos de los cargos revelados hoy implican esquemas de sobornos y comisiones.
Varios de ellos relacionados con los derechos de comercialización y de televisión de las eliminitarias al Mundial de Fútbol de la Concacaf, así como de la Copa de Oro y la Liga de Campeones de la misma región.
La Copa América, edición especial centenaria, que se jugará en EE.UU. y por primera vez fuera de América del Sur en 2016, fue también mencionada por la fiscal Lynch como uno de los elementos dentro de la investigación.
"Nuestra investigación reveló que lo que debería haber sido una expresión del deporte internacional, fue usado como vehículo dentro de un esquema más amplio para forrarles los bolsillos a los ejecutivos con sobornos de cerca de US$110 millones, casi una tercera parte del costo legítimo de los derechos a la torneos involucrados", dijo Lynch.
En el comunicado que emitió el Departamento de Justicia el miércoles se indica que de ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar penas de entre un máximo de 10 a 20 años.
"Los individuos procesados enfrentan penas máximas de cárcel de 20 años por la conspiración de crimen organizado, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia”, dice el comunicado.
Y agrega que el uruguayo Eugenio Figueredo, actual vicepresidente de la FIFA, podría enfrentar además una pena máxima de prisión de 10 años por el cargo de fraude de naturalización y se arriesga a que le sea revocada su ciudadanía estadounidense.
