El proyecto de ley para endurecer las penas contra los ultras del fútbol que debatió este martes la Cámara de Diputados de Argentina deberá reiniciar el proceso parlamentario y volver a comisiones, por el desacuerdo de la mayoría de los legisladores con algunos de sus artículos.
Si bien con 201 votos afirmativos y tres abstenciones el pleno llegó a aprobar el texto en su conjunto, seguidamente, cuando se votó artículo por artículo, no se llegó a un acuerdo mayoritario, por lo que, según las normas, deberá volver a debatirse en comisiones, incorporar cambios y retornar al pleno, algo que ocurrirá en 2019.
En concreto, los bloques no llegaron a un acuerdo sobre las penas en materia de reventa de entradas y tenenencia de localidades falsas, lo que motivó el pedido del diputado Martin Lousteau, de Evolución Radical, para que el proyecto sea llevado de nuevo a las primeras instancias parlamentarias para analizar otra vez su articulado. Esa moción fue aprobada por 115 votos afirmativos, contra 84 negativos y dos abstenciones.
El proyecto general del Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos, que si consigue ser aprobado por los Diputados todavía deberá pasar al Senado para su debate y eventual sanción definitiva, convierte en delitos, castigados con una pena mayor, hechos que hasta ahora eran considerados contravenciones (faltas).
Entre otros aspectos, el proyecto establece penas de 6 meses a 2 años de prisión para los aficionados que tengan en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir.
Asimismo, la pena asciende de 2 a 6 años de prisión para el que introdujere armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización en un estadio de fútbol argentino, en los que desde hace años no se acepta público visitante por los hechos violentos, que dejaron varias muertes.
También la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años de cárcel, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.
Además, se fijan agravantes cuanto intervengan en los delitos dirigentes de los equipos.
Los disturbios catalizaron la respuesta política
El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso hace dos años, pero el amplio consenso alcanzado este martes fue impulsado tras los disturbios en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores del pasado 24 de noviembre, en los aledaños del estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires.
Ese día, varios jugadores de Boca Juniors quedaron heridos por el lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de ultras de River Plate, lo que derivó en la suspensión del juego antes de su inicio y su traslado al estadio Santiago Bernabéu de Madrid (España), donde se celebró el 9 de diciembre pasado.
