Un nuevo remezón provocó en la industria minera las definiciones que está tomando la Convención Constitucional. A exactamente una semana de que la comisión de Medio Ambiente de la instancia aprobara anular las concesiones emplazadas en terrenos indígenas (ver relacionada), ayer se dio luz verde a una iniciativa de norma constitucional para la nacionalización de la minería del cobre, litio y otros minerales.
La decisión generó una fuerte reacción desde la industria. Fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien encendió las alarmas al reconocer su extrema preocupación por esta aprobación: "Es una barbaridad, con claros y evidentes errores jurídicos".
Las iniciativas populares que más firmas reunieron al interior de la Convención Constitucional
Según indicó, se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el metal es, actualmente, del Estado chileno. Así, "esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras", lanzó.
Y apuntó que, al escuchar los argumentos que justificarían esta decisión, "no se pondera el impacto de una medida de esta naturaleza". "Se pretende que, a través de una nacionalización, se maneje el precio del cobre. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta", dijo.
En el análisis del dirigente, Chile ha suscrito tratados internacionales que no se pueden desconocer. "Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales".
Esto significará, añadió, "pagar a las compañías los montos que los tratados y tribunales internacionales indiquen, con base a lo que la Constitución vigente hoy indica".
No fue el único. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que resulta lamentable que algunos integrantes de la comisión "desconozcan derechos adquiridos, se extralimiten abiertamente en sus atribuciones e incluso desconozcan ingenuamente el principio de la realidad".
Aunque consciente de que se trata de manifestaciones preliminares, fue enfático. "La destemplanza y frecuencia que están teniendo estas 'aprobaciones generales', están generando una incertidumbre que excede con creces la que existe naturalmente en un proceso constituyente".
En esa línea, destacó que el éxito de la minería chilena se explica por un sistema mixto. Así, en el caso de que se realicen cambios en esta materia a nivel constitucional, dijo esperar que éstos tengan una mirada de largo plazo, así como que se implementen y regulen de manera eficiente y equitativa".
Las votaciones
Una intensa mañana de definiciones se registró en la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención, donde se aprobó en general una norma sobre Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, en votaciones divididas de seis de los nueve artículos de una norma que establece el estatuto constitucional de los bienes naturales estratégicos.
La iniciativa plantea que los bienes naturales como el cobre, el litio, el oro, la plata, entre otros minerales, son bienes de carácter estratégico para el país.
La comisión aprobó también los artículos transitorios que establecen, entre otras cosas, que el Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de Chile. Fue aprobado con 11 votos a favor y ocho en contra.
El segundo artículo transitorio, que establece derogar la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, entre otros puntos, fue aprobado en general con 11 votos a favor, siete en contra y una abstención.
Ante lo sucedido, el constituyente Rodrigo Álvarez (UDI) sostuvo en su cuenta de Twitter que la "comisión de Medio Ambiente aprobó nacionalización y expropiación de todas las empresas estratégicas, por ejemplo, industria del cobre. Precio lo fija Contraloría y se paga a plazos. Una norma equivocada jurídica y económicamente. Conlleva graves responsabilidades internacionales".
El texto debe ser analizado por el pleno de la Convención Constitucional y para mantener o descartar su contenido en votaciones por 2/3 en cada votación.
