Este jueves se terminaba el plazo para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, respondiera con claridad si ha declarado o no la independencia de Cataluña.
La respuesta era clave para determinar cómo evoluciona la crisis entre el gobierno español y el catalán, una de las más graves a las que se enfrenta España en sus más de cuatro décadas de democracia.
Puigdemont contestó en forma de carta: reiteró que los resultados del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, declarado ilegal por Tribunal Constitucional, suponen un mandato popular para la independencia.
Pero aclaró que los efectos de ese mandato están en suspenso para propiciar un diálogo con el gobierno español, en manos del conservador Partido Popular.
No obstante, también advirtió que si el gobierno español sigue "impidiendo" el diálogo y continúa la "represión", el Parlamento catalán podrá votar formalmente la declaración de independencia.
1. Consejo de Ministros
Pocos minutos después de expirar el plazo, el gobierno español afirmó que considera que Puigdemont no ha respondido al requerimiento que se le hacía, por lo que seguirá con los procedimientos para aplicar el artículo 155 de la Constitución española.
Este artículo, copiado de la Constitución de la República Federal de Alemania, permite al gobierno de España tomar las medidas necesarias para hacer que una comunidad autónoma (región) cumpla con la Constitución y las leyes, o para la protección del interés general.
Para ello, el gobierno ha convocado un consejo de Ministros extraordinario para este sábado 21 de octubre.
2. Adopción de medidas
En esta reunión se discutirán las medidas a tomar, que deberán entonces ser "elevadas" para ser aprobadas en el Senado, la cámara alta española donde están representadas todas las regiones.
Hay que tener en cuenta que este artículo nunca se ha aplicado con anterioridad en España desde que se aprobó la Constitución en 1978, por lo que ha llegado a ser calificado de "opción nuclear".
La retirada de los poderes autonómicos a Cataluña podría ser gradual y los plazos para ello tampoco están claros.
La mera aplicación de este artículo no implica la suspensión de la autonomía catalana, sino que esto dependerá de las medidas específicas que se tomen.
Estas pueden ir desde la toma de control de la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, hasta la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.
El PSOE, segundo partido en el parlamento español, ha pedido que la aplicación del artículo 155 sea "limitada" y "breve", y que preserve el autogobierno de Cataluña.
El procedimiento de aplicación de este artículo prevé que el gobierno español presente al Senado cada una de las medidas concretas que quiere ejecutar, ante las cuales los grupos pueden presentar enmiendas.
El presidente de la comunidad autónoma, en este caso Puigdemont, tiene que ser requerido para remitir "cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes".
Dado que no se establece un plazo determinado, eso podría llevar días o semanas, afirma la editora de la BBC en Europa, Katya Adler.
Sin embargo, si se tramitase por el procedimiento de urgencia, las medidas podrían aprobarse de forma exprés, lo cual podría tardar entre 2 y 3 días, según el diario local La Vanguardia.
El Partido Popular tiene mayoría absoluta en esta cámara, por lo tanto no necesita el apoyo de ningún otro partido.
A pesar de ello, medios españoles explican que cargos del PP y del PSOE están ya reunidos para consensuar el paquete de medidas a aplicar.
