En la antesala de la presentación de la Presidenta Michelle Bachelet sobre los integrantes que conformarán el consejo asesor para establecer un nuevo marco regulador de política y negocios, desde la centroderecha enfatizaron que esperan que la instancia revise la relación Estado y familiares.
En esta línea, los diputados José Manuel Edwards (RN) y Felipe Ward (UDI), pidieron que el consejo fiscalice la empresas del Estado, a los familiares de autoridades y políticos, además de que se revisen algunos programas de gobierno en época de campaña.
"Así como el caso Penta demuestra la necesidad de regular la relación del dinero con la política, el caso Caval demuestra la necesidad de regular las contrataciones en el gobierno de parientes de personeros políticos que están trabajando en el Ejecutivo, o que son parlamentarios, o que se desempeñan en cargos de importancia", expresó Edwards.
El diputado dijo que "no puede ser que un tan alto porcentaje de cónyuges o parejas de parlamentarios de la Nueva Mayoría tengan contratos millonarios. Asimismo, debemos revisar lo que son fraudes permanentes al fisco chileno como lo es el programa de exonerados políticos".
Mientras que el diputado de la UDI, Felipe Ward, planteó sobre el organismo que "si funciona, queremos que se incluyan las empresas del Estado"
A juicio del congresista, "las empresas del Estado muchas veces son el cajero automático a través del cual los candidatos de la Concertación financian sus campañas. Eso ocurre por ejemplo en Codelco en el norte".
"Por eso es muy importante que se regule a las empresas estatales y a la contratación de funcionarios públicos y sus parientes en las empresas estatales. Muchas veces es ahí donde se producen estas cajas pagadoras de favores políticos a través de puestos de papel de segunda categoría, pero que finalmente contribuyen a financiar campañas políticas", sentenció.
