Las medidas que se pedían y las medidas que se entregaron en el Caso Penta
Las medidas que se pedían y las medidas que se entregaron en el Caso Penta
El juez a cargo de la investigación del Caso Penta, Juan Manuel Escobar, detalló hoy a las diez de la mañana el inicio del cuarto día de formalización de los involucrados en el caso Penta, holding donde se habrían usado boletas y facturas ideológicamente falsas para recibir devoluciones y financiar de modo irregular campañas políticas. Además, el grupo habría realizado contratos forward para rebajar la renta líquida imponible de la firma.
Tras la audiencia de este sábado, los decretos del tribunal fueron: prisión preventiva para Carlos Délano, Carlos Lavín, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Alvarez y Pablo Wagner, con el que serán enviados al anexo penitenciario Capitán Yáber.
Asímismo, se aplica arresto domiciliario y arraigo a Manuel Tocornal; Firma semanal en 33 comisaría y arraigo para Samuel Irarrázabal y Carlos Bomal. Y finalmente, arresto domiciliario nocturno para Juan Martínez.
No obstante, las defensas de las partes involucradas esperan que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago considere algunas atenuantes a esta pena, entre las cuales figura la colaboración con el caso y la irreprochable conducta anterior de los formalizados.
Las penas que se pedían
De los diez involucrados en diversos delitos del caso -que incluyen corrupción, evasión, fraude tributario y lavado de activos- el Ministerio Público estimó que el ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, fuera condenado con una pena que va entre los 5 años y un día hasta los diez años de cárcel, tomando en cuenta que las imputaciones contra el ex funcionario ministerial comprenden cohecho, lavado de activos y la devolución fraudulenta de impuestos, siendo éste último el más grave de los delitos.
El ente persecutor sustentó también la necesidad de cautela y privación de libertad también para los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín por delitos tributarios y soborno, más tres agravantes que los dejan expuesto hasta a diez años de cárcel. Misma pena que solicitaron para el ex funcionario del SII, Iván Álvarez.
Los fiscales en estos casos aplicaron tres agravantes: reiteración, actuación concertada y asesoría jurídica para cometer los ilícitos considerando la irreprochable conducta anterior.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado pidió prisión preventiva también para el ex director de Penta, Hugo Bravo, pese a que el Ministerio Público solicitó sólo el arresto domiciliario total, arguyendo que sus antecedentes fueron fundamentales para la investigación preliminar del caso. En razón de la colaboración es que se pide esa medida, la misma que se solicitó para el contador Marcos Castro, que también aportó con la Fiscalía.
