Aborto: Cuatro realidades en países de Hispanoamérica
Aborto: Cuatro realidades en países de Hispanoamérica
Son varias las piedras de tope que se deben resolver en Chile para avanzar en la despenalización del aborto. Desde aclarar cómo se establecerá el uso de la objeción de conciencia como derecho de los profesionales de la salud, hasta la situación de los recintos asistenciales públicos y privados que están reclamando porque no quieren realizar esta intervención en sus dependencias.
En medio de este escenario, existen ejemplos internacionales donde estos detalles ya han sido resueltos, dado que se trata de países que hace décadas comenzaron la discusión ética, sanitaria y política en esta área.
Es el caso de Perú, por ejemplo, donde el aborto terapéutico se realiza desde 1924, hace 90 años. En junio de 2014, ese país renovó su reglamento para estandarizarlo.
Otros dos ejemplos son Colombia y España, donde la orientación respecto del aborto y la educación sexual e infantil, han sido claves para disminuir las tasas de mujeres víctimas de una intervención clandestina y de embarazos juveniles.
También Venezuela se ha convertido en un caso a considerar, dado que la ilegalidad del aborto en ese país generó que la ONU interviniera en septiembre del año pasado, pidiéndole al gobierno venezolano que legalice esta actividad para disminuir un alto índice de mortalidad de adolescentes embarazadas, que acuden a intervenciones ilegales.
España: Se considera objeción de conciencia
En España la práctica del aborto es legal y hasta las 14 semanas de embarazo, todas las mujeres mayores de 16 años pueden optar por el aborto. El acto se rige por la Ley Orgánica 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, vigente desde el 5 de julio de 2010.
Las embarazadas menores de edad deben contar con el consentimiento de un representante legal.
También, en España se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo siempre y cuando sea realizada por un especialista en un centro sanitario tanto público como privado, que sea acreditado.
Las excepciones en esta materia consideran que el embarazo se podrá interrumpir hasta la semana 22 en el caso de que exista riesgo para la vida o salud de la embarazada, que se revelen graves anomalías en el feto o se detecten anomalías incompatibles con la vida.
Tal como se busca en Chile, en España los médicos tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia. En este caso, la decisión del facultativo debe ser notificada por escrito anticipadamente, para garantizar a la mujer el ejercicio de la prestación por parte de otro facultativo.
Colombia: Prevención del aborto inseguro
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social impulsó la Estrategia de Atención Segura de las Mujeres durante un Evento Obstétrico. La finalidad es que las colombianas cuenten tanto con un desarrollo de la maternidad segura, como con la prevención de un aborto inseguro.
De esta forma, Colombia garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho amparado a partir de la Sentencia C-355 que rige desde 2006.
A través de este reglamento, se despenalizó el aborto en tres condiciones:
Cuando peligra la vida o la salud de la mujer, cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.
Perú: 90 años de aborto terapéutico legal
En el país vecino pese a los reclamos de la Iglesia Católica por la legalidad del aborto terapéutico, este rige desde 1954, hace 90 años.
En junio de 2014 el gobierno decretó un nuevo protocolo al respecto, renovando la antigua legislación, para centros de salud privados y públicos.
La instancia fue celebrada por las autoridades sanitarias del momento y las anteriores al periodo, quienes consideraban que en Perú muchos facultativos no realizaban este tipo de intervenciones porque el marco legal antiguo, el cual no se aplicaba de forma estándar.
Uno de los puntos establecidos fue que los gastos derivados de un aborto terapéutico serán asumidos por un seguro, ya sea privado o estatal.
En total, son 12 hospitales del país, como el Instituto Materno Infantil, donde se realiza este procedimiento médico.
La nueva resolución establece que solo podrán someterse a la interrupción voluntaria del embarazo las mujeres con menos de 22 semanas de gestación y en los casos que el procedimiento sea “el único medio para salvar la vida de la gestante” o para evitar en su salud un “mal grave o permanente”.
El procedimiento desde que la gestante solicita la interrupción de su embarazo hasta que una Junta Médica lo aprueba y la intervención se lleva a cabo, se debe hacer en un plazo máximo de seis días calendario y se establece que se debe brindar orientación a la paciente en todo momento, desde que se decide la intervención hasta después de realizada.
Pero, en términos generales, la actual Ley crea una excepción: El aborto terapéutico no es aplicable en caso de violación sexual.
Venezuela: ONU pide cambios urgentes
En Venezuela el aborto es considerado como un ejercicio ilegal, a menos que el embarazo amenace la vida de la madre y la ponga en un extremo peligro de muerte.
El escenario es estricto: “La pena para una mujer que tiene un aborto es de 6 meses a dos años de prisión y la pena por un médico u otra persona que realiza el procedimiento es de uno a tres años. Se pueden imponer penas más duras si la mujer embarazada muere como resultado del procedimiento”, se dicta.
En medio de este panorama, el Comité de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos del Niño, se manifestó en septiembre de 2014 en relación a la normativa que rige en este país.
La ONU considera que Venezuela debe modificar su ley del aborto y permitir que las adolescentes interrumpan su embarazo con el fin de “reducir el alto índice de mortalidad entre ese grupo”, que es de los más elevados de la región.
“El Comité preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos", agregaron en la instancia los expertos internacionales.
Por estos motivos, solicitaron al gobierno de ese país que realice un estudio sobre las causas de las muertes entre adolescentes embarazadas.
