Uno de los compromisos ambientales que encabezan la lista de metas entre 2014-2018 para el gobierno, es reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA,) considerando cambios que aseguren una institucionalidad “validada” desde el punto de vista técnico.
En entrevista exclusiva con T13.cl, el ministro de la Cartera (MMA), Pablo Badenier, aseguró que se convocará “una comisión asesora presidencial para evaluar el sistema” aclaró.
El cuestionamiento, se acrecentó en medio de un hito crucial que marcó la pauta ambiental en 2014: La tramitación de Hidroaysén que ingresó en 2008 al SEIA y que recién ese año fue rechazado por el Comité de Ministros, luego de analizar 35 recursos de reclamación pendientes para ser estudiados, que apuntaban contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), favorable al megaproyecto y concedida en 2011.
“En mi calidad de presidente del Comité de Ministros que ve todos los recursos de reclamación, nos hemos propuesto que este órgano pueda tomar todas sus decisiones en derecho, con base técnica y científica, de acuerdo a los procesos de evaluación, sean decisiones populares o impopulares. Pero este comité no va a seguir dilatando los plazos, tenga o no tenga presiones políticas”, afirmó Badenier.
“Este comité se debe pronunciar y tiene que hacerlo de acuerdo a los antecedentes en la etapa recursiva, a los procesos de evaluación y obviamente, esto es parte de la consolidación institucional del ministerio”, explicó.
“Si tenemos un comité de ministro que deja pasar un recurso de reclamación por dos años y medio, entonces eso es una forma de auto atentado contra nuestra institucionalidad ambiental”, considera.
Para Badenier se trata de un sistema que ha funcionado y le da valor a los proyectos: “El que se someta, será un mejor proyecto cuando salga del SEIA", aseguró.
El titular de medio ambiente considera que hoy el SEIA tiene mayores desafíos en mejorar la calidad de la evaluación, que la cantidad de días que están en tramitación: “Nosotros no tenemos obsesiones de disminuir los plazos, sí de tener mejores evaluaciones ambientales”, argumentó.
Derrame en Quintero: El peor evento y el mayor desafío
Un derrame de petróleo crudo como el que ocurrió en la bahía de Quintero en septiembre, donde se esparcieron cerca de 40 mil litros, genera daños ambientales irreversibles.
Pero además de ello, este caso particularmente, se destacó por la poca claridad en la evaluación de los hechos: Primero Enap informó que eran 3 mil litros los derramados. Luego que eran 22 mil, pero finalmente, un informe de la Gobernación Marítima de Valparaíso, afirmó que se esparcieron 38 mil 700.
Esta serie de eventos para Badenier fueron lo más complejo que debió enfrentar el ministerio en su primer año de gobierno. El Secretario de Estado lo define como un “accidente inesperado que nos hace prender una luz de alerta para analizar cuán preparados estamos frente a estos desastres particulares, donde hay que mejorar la coordinación entre servicios públicos”, aseguró.
Continuar las alertas ambientales
En el momento en que el gobierno reconoce la contaminación atmosférica como el gran conflicto que se debe resolver para evitar 4 mil muertes prematuras anualmente, traza un camino para evitar que la población viva –literalmente- por sobre la norma de emisiones.
A un mes de instalarse el equipo ministerial, el principal desafío fue implementar Alertas Sanitarias en varias zonas del sur, considerando las atribuciones que entrega el Código Sanitario a la Cartera ambiental, bajo este sistema.
“Creemos que el ejercicio debería repetirse en 2015, en aquellas ciudades que no alcancen a contar con Planes de Descontaminación”, aseguró Pablo Badenier.
El MMA lanzó un programa cuatri-anual, que reúne 14 Planes de Descontaminación, los cuales serán establecidos entre 2014 y 2018.
Este año el gobierno aprobó por ejemplo, los Planes para Andacollo por material particulado fino (MP 2,5) y Temuco y Padre Las Casas, entre otros.
“La matriz de los planes del sur -de Rancagua hasta Coyhaique-, debe regular un material particulado distinto al fino, donde el promedio de más del 90% de aquel, es por combustión de leña domiciliaria. Por ende, las medidas que se implementen tienen que ver con mejorar las condiciones de los equipos a leña, del combustible, de la forma de operar estos equipos y una política pública que mejore las condiciones de aislamientos de las viviendas”, explicó Badenier.
“Esto tiene un costo real, molestias reales para la comunidad, pero a mediano y largo plazo tiene un tremendo beneficio para ellos mismos”, apuntó.
El gobierno estudia que esta medida se resuelva ya sea con normas nuevas para la construcción o subsidios o programas de mejoramiento para efectos de consumir menos combustible.
Otro desafío en esta materia, será reponer la Norma de Material Particulado grueso (MP 10) anual, que el gobierno anterior derogó y que se encuentra recurrida en Tribunales por terceros.
Ley de glaciares: “Vamos a cumplir”
Un proyecto que pone en cuestionamiento la protección de los glaciares, ha sido Expansión Andina 244, de Codelco, que busca ubicarse en la parte alta de la Cuenca del Monte Aconcagua.
Consultado por esta situación, el ministro aclaró que se trata de “un proyecto complejo, inter-regional y en pleno proceso de evaluación. Los expedientes son públicos y el titular nos ha pedido seis meses (junio 2015) para contestar las observaciones que han hecho los servicios públicos”, indicó.
Badenier aseguró además que “el proyecto de Ley de Protección de Glaciares, es un compromiso y vamos a cumplirlo. Vamos a legislar como parte del patrimonio natural que tiene chile como ecosistemas particulares: El gobierno va a cumplir”, dijo.
Biodiversidad: Una deuda del Estado
“Me preocupa la existencia de categorías de áreas protegidas y figuras de áreas protegidas, que el Estado ha hecho una lista formal, pero que no ha sido capaz de generar una protección real: Los Santuarios de la Naturaleza, áreas marinas, reservas marinas en general y tiene que ver con lo que nos anima e inspira para crear el servicio de áreas protegidas”, manifestó Badenier.
El gobierno se puso como “prioridad” tramitar el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el sentido de que complete el diseño institucional que se dio el país en el primer gobierno de la presidenta Bachelet.
Para el ministro la aprobación de esta Ley significaría básicamente “llenar un vacío en la gestión pública”.
“Esperamos en enero, votarlo en general en la sala en el Senado, para comenzar el periodo de indicaciones”, agregó.
