Una avalancha de elogios y críticas ha generado la decisión del gobierno por eliminar el embarazo como una preexistencia en los seguros de salud.
En medio de este escenario, las Isapres consideran que la modificación debería haberse realizado a través de la reforma al sistema, que busca impulsar la presidenta Michelle Bachelet.
También se sumó a las críticas por el cambio anunciado, fue el ex ministro de salud Jaime Mañalich, quien a través de Twitter, manifestó que “el anuncio de embarazo y preexistencia consagra la discriminación y no avanza en el sentido de un Plan Garantizado de Salud”, considera.
Anuncio de embarazo y preexistencia consagra la discriminación y no avanza en el sentido de un Plan Garantizado de Salud
— Jaime Mañalich Muxi (@jmanalich) noviembre 19, 2014
En diciembre de 2011 el gobierno de Sebastián Piñera, ingresó un proyecto de Ley que buscaba reformar la normativa que rige actualmente para las Isapres. La iniciativa propone básicamente la incorporación de un Plan Garantizado de Salud (PGS) al sistema y la creación de un IPC de la salud, indicador referencial de costos para las isapres y que sirve de referencia para estimar el precio de sus planes.
Pero en noviembre de 2013 el ejecutivo presentó nuevas observaciones y se desplomó la iniciativa. Hoy, se encuentra trabada en la Comisión de Salud del Senado.
Tras el despacho -en octubre- del informe de la comitiva presidencial que busca orientar los lineamientos para reformar estos seguros de salud y en medio de este escenario, el actual director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián y ex ministro de salud, Jaime Mañalich, manifestó a T13.Cl, que dado que una nueva normativa significa una acción de “largo aliento”, como ha propuesto el gobierno, “se avanzaría a corto plazo aprobando el PGS, cuya propuesta ya se encuentra respaldada por estudios y argumentos aprobados”, advirtió.
Mañalich hace referencia a que la comitiva mandatada por la presidenta Bachelet, propuso en su informe, la creación de un Plan de Seguridad Social (PSS), que al igual que el PGS, busca eliminar las discriminaciones por sexo y edad, además de establecer una cobertura universal, en un panorama donde existen más de 50 mil planes de Isapres para sus afiliados.
“Este año, las costas de los abogados por hacer los reparos a la Corte, a causa de los reajustes por los precios bases de los planes de Isapres, llegará a una cifra de 20 millones de dólares. Eso, se lo cargan a los beneficiarios. Es evidente que una nueva normativa debe crearse sin apuro y responsabilidad, pero aprobar el PGS, podría asegurar que estos eventos dejen de ocurrir a mediano o corto plazo”, explicó el ex titular de Salud.
Las migraciones
Para Mañalich en muchos aspectos, el informe de la comisión es declarativo y le hace el quite a temas relevantes como de qué forma se podría sostener el sistema de salud público, atendiendo a los afiliados de Isapres que podrían atenderse en el sistema público de salud, considerando las modificaciones que propone la comitiva.
El informe señala que tras la constitución del PSS, los usuarios de seguros privados podrían acceder a la atención en el sistema público, favoreciendo la cobertura en regiones donde existen pocos centros asistenciales públicos y privados, ampliando opciones para los pacientes.
“Pero se establece que pasen de un centro de salud familiar –consultorios- a un hospital. Entonces, ese paciente recargaría al consultorio, considerando que como no es Fonasa, se debería pagar extra por él –porque no está inscrito-. Si se considera que el sistema de atención primaria (APS), cuenta con 13,2 millones de beneficiarios, de los cuales atienden concretamente a 7 millones en promedio (el resto lo hace por sistema de libre elección (MLE) ), entonces evidentemente se va a recargar al sistema, que es precario en infraestructura y significaría un cambio muy violento”, aseguró.
“Si estos cambios pretenden realizarse, deben paralelamente reforzar el recurso humano y aumentar el número de centros de salud”, agregó.
Cuando el gobierno anterior propuso el PGS, también se cuestionó una posible migración de afiliados a Isapres al sistema Fonasa y que ello, podría generar un escenario negativo, colapsando al sistema y el seguro público.
“Si el PSS define que son 32 mil pesos mensuales los que se les cobraría a un usuario de Fonasa, una familia con tres integrantes, pagaría 96 mil pesos. El lógico que migren a Fonasa, por un costo menor. Cuando realizamos los estudios para el PGS, revelamos que ese costo, podría llegar a ser de 800 millones de dólares en costos”, comentó.
Los avances "revolucionarios" del informe
Para Mañalich la comitiva estableció una discusión relevante respecto del vicio que se genera en el sistema, respecto a la cobertura para enfermedades laborales.
“Lo revolucionario de la propuesta, que es certero y nuevo, es que los sistema curativos de medicina producen un tremendo subsidio a las Mutuales y se genera un estímulo perverso por el cual enfermedades que son de “trabajo y profesionales”, no se atienden siempre en esta red de Mutuales y ni obtienen licencias pagadas en ellas”, considera.
"Existe una tendencia a “sub-reportar” las enfermedades laborales", aclaró.
La comitiva propone un Fondo de pago para licencias médicas sea constituido por todo lo que paga Fonasa, Isapres y las Mutuales por estos permisos, cubriéndose directamente las enfermedades de carácter laboral o curativo.
