La guerra de versiones por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa
Juan Carlos Pérez Salazar
BBC Mundo, Ciudad de México, @JCPerezSalazar
En vez de acercarse, las versiones de los equipos que investigan la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace cuatro meses y medio en México cada vez se alejan más.
Este fin de semana, los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) introdujeron serias dudas en la explicación que, sobre los hechos, ha dado la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre otros puntos, el EAAF indicó que no podía garantizar que los restos encontrados en una bolsa en el río San Juan –gracias a los cuales se logró identificar al estudiante Alexander Mora– habían estado en el basurero de Cocula.
También dicen que la PGR podría estar confundiendo en uno solo (el de la pira donde supuestamente se incineraron los cuerpos) varios incendios que ocurrieron en diferentes años en el basurero.
Además, indican que la investigación en el vertedero de Cocula –donde dicen haber encontrado restos que no corresponden a los estudiantes- aún no ha finalizado.
Este lunes, la Procuraduría respondió con un fuerte comunicado a la postura de los forenses argentinos.
Inaceptable
Según la PGR, el equipo argentino "en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 normalistas" (…) y "desde el principio se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución (PGR), a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos".
Los familiares de los estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado llevan meses insistiendo en que solo creerán lo que digan los forenses argentinos, pues no confían en las autoridades mexicanas.
La versión de la Procuraduría –que se basa en al menos tres confesiones y centenares de peritajes- asevera que los estudiantes fueron asesinados horas después de ser secuestrados en Iguala, sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula y los restos destruidos y arrojados al río San Juan.
El procurador, Héctor Murillo Karam, incluso dijo que esta es la "verdad histórica" de lo que ocurrió. Los padres y familiares de los estudiantes la rechazan y exigen la identificación plena de todos los jóvenes.
Los fragmentos
En su respuesta a los peritos argentinos, la PGR dice que éstos no estuvieron presentes cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos porque, a pesar de que se les avisó de la diligencia "el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él en lugar de al Río San Juan, aun cuando el vehículo que los transportaba tenía como primer arribo el Río”.
En el momento del hallazgo, asegura la PGR, en el lugar había –además de los encargados- más de cien personas de diversas instituciones resguardando la zona.
Por ello "esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF".
Este punto lo finalizan indicando que el equipo argentino no firmó la cadena de custodia porque "no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético".
"La PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados".
Punto por punto
El comunicado de la Procuraduría Mexicana responde punto por punto a lo señalado por los expertos sudamericanos.
Sobre que se dejó sin vigilancia el basurero de Cocula, dice que "efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el Basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los Peritos de la PGR determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación".
Agregan que cuando pidieron volverlo a resguardar, de inmediato se hizo "y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación".
En cuanto las diferencias de 20 perfiles genéticos, dice que fue un error administrativo que se corrigió "en menos de 24 horas", por lo que consideran "inaceptable" la aseveración del EAAF de que "no hubo una explicación clara al respecto".
Con respecto a que en el basurero ocurrieron varios incendios, la Procuraduría asevera que todos los exámenes que "integran la Investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014".
"No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría".
La PGR recuerda que se han "realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, sin que el EAAF participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación. A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas".
Respaldo de los padres
Pocas horas después de que se conociera el comunicado de la PGR y un día y medio luego de que se divulgara el de los forenses argentinos, los padres de los 43 estudiantes, respaldaron lo dicho por el EAAF.
En una rueda de prensa en Ciudad de México, indicaron que "hoy más que nunca tenemos la certeza de que nuestros hijos están vivos. No nos equivocamos al seguir nuestra búsqueda, el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense nos da la razón”.
"Además, exigieron al gobierno que preste protección a los forenses porque, aseguran "sabemos que cuando al gobierno las cosas no les salen como quiere toma represalias. Tememos por el equipo argentino".
El caso que se convirtió en la mayor crisis política y social que ha vivido el país en las últimas décadas no sólo parece lejos de cerrarse, sino que continúa creando profundas divisiones.