Hace un mes, Alberto Nisman, el fiscal especial de la causa del atentado de 1994 contra la sede judía AMIA en Buenos Aires, apareció muerto en su departamento de un exclusivo barrio de Buenos Aires.
Un disparo en la sien con una pistola calibre 22 acabó con su vida, pero aquella bala hirió a la vez a la sociedad argentina en su conjunto.
La muerte del fiscal, que había denunciado a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apenas unos días antes, puso en la mira a un sistema de Justicia que ya antes del suceso era fuertemente cuestionado por la sociedad, frustrada por la lentitud de los procesos, la impunidad y la politización de casos de alto perfil como el del atentado a la AMIA, que sigue sin resolverse 21 años después.
En un gesto sin precedentes, la Asociación de Fiscales del país convocó a una multitudinaria marcha bautizada como 18F para que este miércoles se rinda homenaje a Nisman, cuya muerte sigue siendo un misterio.
La manifestación estará encabezada por los compañeros de Nisman y contará con la asistencia de su exmujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y sus dos hijas.
Si bien será silenciosa y sin banderas políticas por pedido expreso de los fiscales, en Argentina se interpreta la marcha -así como sus réplicas en otras ciudades del país y del mundo- como una crítica al manejo que ha hecho la presidenta de esta crisis, probablemente la más grave desde que asumió el poder en 2007.
No se espera la presencia de figuras del gobierno, pero sí contará con los principales actores de la oposición y sindicatos enfrentados con el Poder Ejecutivo, por lo que ha sido calificada desde el kirchnerismo como un desafío a Fernández en sus últimos meses en el poder.
"Duele y preocupa"
Según el Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, los fiscales "invitaron (a la marcha) a quienes quisieron invitar para que tuviera un sesgo bien definido".
"Estamos en presencia de algo que duele y preocupa", añadió.
El gobierno también llamó la atención sobre el hecho de que en la "marcha del silencio" participarán "funcionarios judiciales denunciados por manipular la investigación del atentado a la AMIA y frenar causas de lavado de dinero y narcotráfico".
Cristina Fernández encabezará un acto en la ciudad de Zárate, 90 km al norte de Buenos Aires, rodeada de su gabinete, gobernadores del oficialismo, jefes comunales y miles de militantes, en lo que -según los analistas- sería un intento de contrarrestar lo que el oficialismo interpreta como un fuerte tono opositor de la movilización encabezada por los fiscales.
División
En las últimas semanas y mientras se conocían detalles sobre las últimas horas del fiscal Nisman, un grupo de funcionarios del Poder Judicial levantó la voz contra lo que consideraron un intento de la mandataria por influir en las investigaciones de la muerte de Nisman.
Cristina Fernández, quien defiende su derecho a opinar sobre el caso "como cualquier otra ciudadana", ha sido criticada por apuntar a los servicios de inteligencia y al excolaborador de Nisman, Diego Lagomarsino, como posibles responsables de su muerte.
Y el reciente pedido de imputación a la presidenta, al canciller y a otras figuras del kirchnerismo por parte del fiscal que heredó la causa que investigaba Nisman avivó aún más la tensión entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y un pueblo ya de por sí polarizado.
Nisman había acusado al gobierno de encubrir el presunto rol de Irán en el atentado de la AMIA a cambio de beneficios comerciales con ese país.
El oficialismo ha insistido en que la acusación contra la presidenta no tiene sustancia y que se trata de una maniobra política para desestabilizar el gobierno.
"La marcha se ha asociado a los fiscales, pero esto va mucho más allá, es una marcha de toda la sociedad en general por su disgusto", le dice a BBC Mundo Santiago Cantón, director ejecutivo de Derechos Humanos del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.
Lo que está ocurriendo con el caso Nisman "es grave, no sólo para la Justicia, sino para el Estado de Derecho en Argentina en su conjunto", añade.
"Es muy grave lo que está pasando con la intervención indebida del Ejecutivo en el Poder Judicial. Las tentativas de intervenir desde la presidenta y de manera diaria lo único que buscan es interferir en la investigación que está haciendo la fiscal", asegura.
"Este caso produce terror en Argentina", dice por su parte Luis Moreno Ocampo, exfiscal general de la Corte Penal Internacional.
"La presidenta y la oposición están tan divididos, hay tanta polarización que el tema se discute más políticamente que jurídicamente. Y en el Poder Judicial hay jueces honestos, jueces que son partidarios y jueces corruptos", le explica a BBC Mundo.
Ayuda
Es por esta sensación generalizada de que el Estado se encuentra en una encrucijada que algunas voces están pidiendo una ayuda extra para resolver, ya no sólo la muerte de Nisman, sino la causa original de todo el conflicto: el ataque al centro comunitario judío de la AMIA en 1994.
Moreno Ocampo solicitó, junto a un grupo de juristas, intelectuales y activistas, la creación de una Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA, similar a la que se hizo en su día con los desaparecidos del régimen militar, temiendo que la causa judicial no sea suficiente.
Según el grupo, "la causa AMIA es, a esta altura, el caso contemporáneo más aberrante de impunidad y encubrimiento que, a su turno, refleja debilidades institucionales que han acompañado la reciente historia democrática de nuestro país".
El problema, según Santiago Cantón, es que en Argentina existe "una enorme polarización de la sociedad, lo que hace que se haga muy difícil encontrar un grupo de gente que pueda trabajar en un ambiente donde no sientan presión".
Cantón, quien es también exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió que el ejecutivo argentino solicite a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el envío de un observador internacional que monitoree la investigación de la muerte de Nisman, como había sugerido la exmujer del fiscal muerto.
"Es buena idea porque garantiza a las familias de las víctimas la posibilidad de que se cumplan con todas las hipótesis de investigación que se tienen, garantiza que se encauce con un ojo observador independiente. Y además le daría credibilidad al gobierno. Creo que sería bueno que el gobierno pida la presencia de un observador de la CIDH, pero dudo que lo vaya a hacer", sostiene.
¿Oportunidad?
Entre discusiones y ataques entre fiscales, políticos y medios de comunicación, en el país también hay quienes creen que esta dramática muerte podría servir como punto de inflexión en el debate sobre la independencia y eficacia de la Justicia del país, que ya falló en otros casos significativos de la historia del país, como el propio atentado de la AMIA.
"La sociedad argentina está en una crisis profunda, lo bueno es que la discusión se produce días antes de que comience una campaña para elegir al nuevo presidente, esta es la oportunidad para que los argentinos hagan lo que hicieron en 1983, cuando investigaron su pasado", asegura Moreno Ocampo, que fue fiscal del juicio a las Juntas militares durante los años 80.
"Que haya un liderazgo político que ponga el eje en que la ley se respete, que eso tenga votos y que luego se implemente", dice.
Quedan ocho meses para las elecciones generales y por ahora ningún precandidato entusiasma a la mayoría de los argentinos.
Hasta que llegue ese momento (o esa persona) los argentinos esperan respuestas, aunque la mayoría, según los sondeos, dan por hecho que nunca conocerán toda la verdad sobre lo ocurrido en las últimas semanas.
Mientras, la cuestión primordial -si Nisman se quitó la vida por su propia voluntad, si fue presionado para apretar el gatillo o si fue asesinado- continúa siendo una interrogante tan grande hoy como lo era aquel 18 de enero de 2015.
