Una demanda por "despido injustificado" presentó el ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, en contra de los dueños del grupo, Carlos Délano y Carlos Lavín, por un total que supera los $2.300 millones.
Según la acción legal, citada por el diario El Mercurio, a la cifra se le debe sumar los reajustes e intereses, las costas de la causa, además de indemnizaciones anteriores y otra sancionatoria de tipo discrecional. Además, se pide que los dueños ofrezcan disculpas públicas en un medio de comunicación.
Asimismo, se establece que Bravo trabajaba desde 1985 en la compañía y que prestó servicios ininterrumpidos hasta su despido, ocurrido el 29 de julio pasado, y se fija que su última remuneración mensual fue de $35,7 millones.
El abogado del grupo Penta, Alfredo Alcaíno, aseguró que la demanda "no tiene ningún fundamento": "Los dichos provienen de una persona que está confesa de los delitos de fraude al fisco y cohecho". Y agregó que es una acción presentada por "una persona que se autocalifica como incapaz mental y reconoce haber cometido ilícitos al grabar a personas con las que sostuvo reuniones privadas".
De acuerdo al documento, los abogados de Bravo, Gonzalo Raggio y Bernardo Jaramillo, atribuyeron su despido a dos objetivos: "la obtención de sus prestaciones derivadas de su contrato de trabajo y, el segundo, utilizarlo como chivo expiatorio y cortina de humo de endilgarle a este toda la responsabilidad". Y aseguraron que el finiquito es "abiertamente pernicioso y perjudicial para el denunciantes".
Además, sostuvieron que éste fue suscrito cuando se encontraba "privado de la debida sanidad mental" y porque le aseguraron que "de todas maneras se le iba a pagar todo". Lo que detallaron puede ser demostrado en una pista de audio de una reunión, del 7 de septiembre pasado, donde también se habrían abordado otros temas, como la forma estratégica de enfrentar al Servicio de Impuestos Internos (SII) en la arista política del caso Penta, consignó el medio.
La fórmula de pago
En el documento también se describe la "fórmula de pago de remuneraciones, parte en liquidaciones y parte en facturas". Lo que en el caso de Bravo, una parte se pagaba "con la emisión de facturas exentas emitidas por sociedad de propieda del denunciante, como son Inversiones Administraciones y Asesoría Challico S.A. y Administraciones e Inversiones Santa Sarella Limitada, por supuestos servicios de asesorías emitidas a diversas sociedades del Grupo Penta".
Y agrega que esta fórmula era "común" para todos los más altos ejecutivos y que se mantuvo hasta junio de este año cuando explotó el caso.
Asimismo, se estableció que el único error que cometió el ex ejecutivo, inducido por un tercera al que se identificó con el martillero público fallecido Jorge Valdivia, fue haber creído en la legitimidad de ciertas actuaciones tendientes a la obtención de mejoras tributarias para dos de sus sociedades personales, lo que ya fue devuelto con creces. Añade que el tercero en cuestión realizó gestiones "no tan sólo para los socios Délano y Lavín y su respectivas familias, sino que para muchos trabajadores de primer nivel".
