De acuerdo a un comunicado entregado por la Policía, la red funcionaba con empresarios especializados en la compraventa inmobiliaria y hotelera y funcionarios que laboraban en el sector tributario que operaban actividades ilícitas en las localidades de Nola y en el área vesuviana.
Tras el operativo entre las regiones de Campania, al sur, y Lombardía, al norte, 22 personas fueron llevadas a la cárcel, 25 quedaron bajo arresto domiciliario y a 13 se les prohibió abandonar la provincia de Nápoles.
En la misma acción se confiscaron bienes de 1.000 millones de euros, entre cuentas corrientes, acciones, actividades financieras, terrenos, edificios y automóviles.
Además de la mafiosa red, los involucrados están acusados de lavado de dinero procedente de actividades ilegales y corrupción en actos judiciales.
Según las indagaciones, la organización había elaborado una red de facturaciones falsas para el lavado de dinero que más tarde llegaba a bancos de Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza.
Si Guardia di Finanza descubría que se habían efectuado falsas facturas y evasión fiscal, los empresarios impugnaban las multas y los jueces resolvían el caso a su favor.
