El duro dictamen de Contraloría conocido ayer en que la entidad decía que era importante que las decisiones del Servicio de Impuestos Internos —respecto a las querellas contra un grupo de empresas involucradas en financiamiento a la política— no obedecieran "al mero capricho de la autoridad", tuvo su origen en un requerimiento presentado hace cerca de un año por las abogadas Paulina Carrasco y Marisa Navarrete.
Navarrete, que es ex funcionaria del SII, planteó en Mesa Central de Tele13 Radio que "en esa calidad pudimos observar que el servicio estaba actuando de manera extraña en estos temas, por así llamarlo" y que "nos pareció adecuado que un organismo autónomo como la Contraloría pudiera hacer una apreciación".
El SII, que tiene la facultad exclusiva para perseguir penalmente los casos, decidió terminar por la vía administrativa las investigaciones a un grupo de empresas en que se incluía a Aguas Andinas y Ripley.
A juicio de Navarrete, el dictamen plantea que "en el ejercicio de la facultad que tiene (el SII) en torno a decidir una acción penal no puede hacerlo de forma arbitraria".
"Pareciera ser que en los casos que hemos conocido de financiamiento ilegal de la política, el servicio no ha actuado de manera objetiva e imparcial, beneficiando a unos y perjudicando a otros", agregó.
En esa línea explicó que "ante un hecho que puede ser constitutivo de delito tiene un doble camino, . Cualquiera de las dos vías (penal o administrativa) tiene que fundamentarlo (...) esa es la actuación que debe tener cualquier órgano del Estado y no lo ha hecho".
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