Una verdadera conmoción ha sido para la pequeña localidad de San Miguel de Allende, en el centro de México, la detención del "comandante Emilio", el ex frentista sindicado como el autor material del crimen del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

Así se lo contó la periodista Ana Luz Solís al programa Conexión, de Tele13 Radio, quien manifestó que Ramón Alberto Guerra Valencia, el nombre por el que era conocido en ese país, era una activo miembro de la sociedad de esa ciudad.

"La sorpresa llegó desde que lo detienen. Era una persona que participaba de la sociedad en estos 10 años desde que llegó a San Miguel de Allende. Se hizo presidente de la junta de padres de familia del colegio de su hija, se dedicaba a los bienes raíces y jugaba fútbol", contó la reportera.

Solís comentó también que la llegada Raúl Escobar Poblete, el verdadero nombre de "Emilio", coincidió con el inicio de una serie de secuestros de alto impacto, entre ellos los del empresario Eduardo García Valseca, en 2007, el ex candidato presidencial Diego Fernández, en 2010, y Mónica Jurado Maycotte, ex nuera del ex mandatario Vicente Fox, en 2015.

"Se le consideraba una de las bandas más peligrosas de México. En cada uno de esos secuestros ocuparon el mismo modus operandi. Se cometían uno por año, salvo por un par de temporadas", dijo la periodista mexicana.

Por ahora, en todo caso, advierte que a "Emilio" solo es "acusado de participar de un secuestro de una francesa-estadounidense. Todavía no lo han vinculado a los otros ni se ha informado. Pero todo se señala que puede ser uno de los participantes".

A fin de cuentas, comenta la periodista, "operaba donde vivía. Se involucraba en la sociedad para vigilar".

Sobre el proceso de extradición que se ha iniciado en Chile, con la solicitud del ministro Mario Carroza a la Corte Suprema, Solís cree que se puede complicar si el ex frentista es relacionado con esta banda de sucuestradores.

"Tendría que procesarlo por cada uno si lo comprueba", cuenta.

La justicia mexicana considera para este delito una pena entre 25 y 40 años, sentenció Solís.

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