La directora nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, se refirió la mañana de este martes en Tele13 Radio a los cambios que se están realizando en los centros dependientes del servicio —como los Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread)—, para mejorar la situación de los menores que viven en ellos, y evitar repetir casos como el de la menor Lissette Villa, quien falleció hace tres años producto de una mala maniobra de los cuidadores en el Cread Galvarino.
"El modelo de intervención tiene que ser distinto, tiene que ser permanente, se requiere mayor oferta de salud mental, hay una brecha enorme de senda para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático. Esos cambios están en curso, estamos cambiando, el Cread Galvarino lo cerramos este año y se convierte en tres residencias familiares", indicó Tonda.
La directora agregó que la idea en general es cambiar todos los Cread a residencias familiares, lo que espera poder concretar este año. "Está cambiando el modelo de intervención de estos niños, pero no es tan fácil ni rápida realizarla. Este año tenemos que cerrar cuatro Cread más", señaló.
Finalmente, Susana Tonda explicó que el cambio debe ser integral, incluyendo a quienes trabajan con los menores.
"Estamos convencidos que el nuevo modelo va en esa línea, son modelos de intervención en el cual no es solamente la capacitación de las personas sino que la formación y también la forma en que se realiza la intervención. Hay muchas cosas que hacen que el sistema sea más contenedor, es un ambiente más físicamente seguro, más sicológicamente seguro", puntualizó.
Acusación del Ministerio Público
A tres años de la muerte de Lissette, el Ministerio Público presentó acusación contra cuatro personas por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte.
"Nos formamos la convicción que el delito que se cometió en este caso es un delito de apremios ilegítimos, un delito en el que resultó fallecida una niña vulnerable que se encontraba bajo la custodia del Estado en el centro Galvarino. Es por ello que hemos deducido acusación por un delito que está directamente vinculado a los Derechos Humanos", señaló al respecto el fiscal Marcos Emilfork.
La acusación se presentó contra las dos educadoras que tuvieron trato directo con la menor, a quienes se les imputa haber participado directamente en la muerte de Lissette, y que según el Ministerio Público tienen calidad de autoras del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de muerte, arriesgando siete años de presidio.
Además se acusó del mismo delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte a la coordinadora de turno y a la directora del Cread Galvarino, pidiendo para ellas la pena de tres años y un día de presidio.
