En medio de la polémica por la objeción de conciencia en la ley de aborto, el director jurídico de la Universidad Católica, Juan Esteban Montero, conversó con Tele13 Radio y dijo que están esperando "tranquilamente a que se dicte el nuevo reglamento y, en méritos de ese nuevo reglamento, vamos a presentar nuevamente los antecedentes que se requieran para cumplir nuevamente con esa nueva normativa".
La Contraloría determinó este miércoles que el protocolo que regula la objeción de conciencia en el proyecto de despenalización del aborto en tres causales "no se ajusta a derecho". Entre sus razones, señaló que los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción debido a que "es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".
En esta lógica, plantea que las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden negarse a interrumpir embarazos, "puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud".
A raíz de esto, han habido una serie de interpretaciones sobre qué significa, en la práctica, para instituciones como la Universidad Católica, que no solamente tiene centros hospitalarios, sino que también tiene centros de atención primaria.
Montero explicó que no les parece correcta la interpretación que ha tenido la Contraloría respecto a que cuando uno tiene convenios con el Estado, no va a poder tener la calidad de ser objetor de conciencia.
"Nosotros vamos a ser siempre objetores de conciencia...No vamos a recibir recursos públicos por los abortos que no hagamos obviamente, nosotros recibimos recursos públicos por prestaciones que realizamos, si nosotros somos objetor de conciencia y no realizamos aborto en ciertas prestaciones en particular, obviamente que el Estado no nos va a pagar esas prestaciones", declaró a Mesa Central.
Posibles soluciones
"Creemos que si la ley lo hubiera dicho, estaría perfecto, pero la ley no lo señala en la norma administrativa y de rango inferior debe venir a establecer esta indicación que la ley no la tiene. Es un tema netamente jurídico", dijo Montero.
Otra salida que señaló es la modificación de contratos, siendo que ciertas prestaciones específicas y concretas quedan fuera, porque "es decir, si yo soy objetor de conciencia y, por lo tanto, no recibo fondos del Estado, no voy a recibir fondos del Estado en ningún tipo de las prestaciones, no existe esa distinción clara, es decir, si me estoy refiriendo solamente a los temas gineco obstétricos o si me estoy refiriendo a toda la línea de las prestaciones que se realizan en la atención primaria".
Montero expresó que actualmente las normas administrativas están estableciendo otras limitaciones que la ley no indicó, y que, por lo tanto, si la ley no lo indicó, puede venir el órgano administrativo a incluirla.
"Si es que lo está haciendo y finalmente el reglamento sale de esa manera y nosotros estamos en contra, ejerceremos los derechos que correspondan", afirmó y agregó van a defender sus derechos hasta lo último "porque esto es un tema fundamental para nuestra universidad".
Dice que no tiene reparos con el ministro de Salud, Emilio Santelices, y que para él, el protocolo que se había dictado en febrero —por el gobierno de Bachelet— era realmente ilegal y que por eso presentaron el recurso de protección: "Porque una ley o una norma inferior no puede venir a contradecir ni a estirar una norma de carácter superior".
