La ex rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, comentó el fallo de la Corte Suprema en el que se concluye que su desvinculación fue "ilegal y arbitraria", obligando al Estado a retribuirle seis meses de sueldo.
A juicio de Pey, tuvo que pronunciarse la Corte Suprema, el episodio completo es triste. Es preocupante que se haya intervenido (...) esto es un asunto que toca el fondo de la autonomía universitaria".
La académica dijo en Mesa Central de Tele13 Radio que la presentación del recurso la hizo porque su despido -por falta de alineamiento con los planes del Ejecutivo en materia educacional- "es un asunto muy grave y delicado y, estando en el rol de rectora en ese momento, estaba en la obligación de no aceptar una intromisión de esa naturaleza"
"Cuando uno está en un cargo tiene responsabilidades que son duras a veces. Desde luego que no lo hice por un asunto de recursos financieros personales", planteó.
Así, explicó que "desde el momento en que la ley de creación (de una universidad) es promulgada, se le declara universidad existente y por lo tanto tenía en ese momento ya, autonomía. Distinto es que había atribuciones para ciertas cosas hasta el momento de la promulgación del estatuto (...) al momento en que se creó no era una dependencia única más y el cargo de rectora no era un cargo de confianza de un funcionario público".
"El fallo es contundente en decir que los dos elementos que se explicitan para tramitar mi remoción no son verdaderos. No estaba cometiendo ningún ilícito ni estaba fuera de la ley", aseguró Pey.
Roxana Pey fue destituida de su cargo luego que el gobierno acusara una "falta de alineamiento" con el plan del Ejecutivo en materias de educación, dado que Pey se rehusó a presentar su renuncia, la Contraloría tuvo que intervenir, autorizando su salida en agosto del año pasado.
En el recurso de protección presentado ante la Corte Suprema, la ex rectora sostuvo que el decreto de remoción constituyó una “desviación de poder" por parte de las autoridades encargadas de firmar el documento, que en este caso fueron el ministro de Interior, Mario Fernández, y la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, quien ejercía de ministra subrogante.
