Cuatro sujetos venezolanos quedaron en prisión preventiva tras ser acusados por el homicidio calificado de Luis Ferrada, quien fue brutalmente apuñalado y golpeado durante el pasado fin de semana en Quillota, región de Valparaíso, en medio de un incidente donde dos hermanos, amigos de la víctima, les cobraron a los extranjeros el arriendo que tenían pendiente.

La fiscal Gabriela Fuenzalida detalló que los hechos se desencadenaron en un domicilio de la población Los Paltos, donde los hermanos compartían junto a la víctima, quien era también su vecino.

Hasta ese lugar arribaron los extranjeros, a quienes los hermanos Felipe y Esteban Flores les cobraron “dinero por concepto de arriendo de piezas que habían utilizado en días previos en el citado domicilio” y que equivalía a 40 mil pesos por cada uno de los sujetos, según publicó este martes La Estrella de Valparaíso.

En ese instante se registró una pelea donde los extranjeros lanzaron piedras a la víctima, dejándolo malherido. Posteriormente, según se desprende de la audiencia de acuerdo con los detalles que publicó el periódico, los imputados se dirigieron a la habitación donde se encontraba Ferrada, “comenzando de manera alevosa a propinarle 48 cortes en la zona toracoabdominal”, tras lo cual registraron el hogar y robaron 500 mil pesos antes de huir.

Carabineros de Quillota inició un operativo luego de que vecinos activaran la alarma comunitaria, localizando a los individuos, todos indocumentados, en un bus que salía desde el terminal de La Calera y que habían abordado en Quillota rumbo a Santiago, hacia donde pretendían escapar.

Frente a estos hechos, que según la Fiscalía constituyen el delito de homicidio calificado por alevosía (actuar sobreseguro) y ensañamiento al causarle deliberada e inhumanamente dolor a la víctima que luego murió, pues le fueron encontradas 39 heridas cortopenetrantes, siete heridas cortantes, un hematoma en la cabeza y excoriaciones, siendo la causa de muerte un traumatismo toracoabdominal atribuible a las heridas de las mencionadas características, la jueza Laura Catalán decretó la prisión preventiva para los cuatro extranjeros al considerar que son un peligro para la sociedad y que existe “un patente” peligro de fuga.

Para la investigación se ordenó un plazo de 150 días, donde se podrán hacer diligencias internacionales si así lo estima pertinente la Fiscalía.

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