A comienzos de año, Maddie Messer, una niña estadounidense de 12 años se convirtió en una inesperada activista contra la discriminación a las mujeres. La razón: un videojuego.
Maddie no entendía por qué Temple Run, uno de sus videojuegos favoritos, le cobraba US$7 dólares extra si ella quería que el personaje central del juego fuera una mujer.
Hizo averiguaciones y encontró que de 50 videojuegos que ella examinó, 37 de ellos ofrecían personajes masculinos gratuitos, pero solo cinco de ellos ofrecían lo mismo para mujeres.
El diario The Washington Post publicó en marzo un editorial escrito por la niña, quejándose de lo que ella veía como una injusticia.
El escrito de Maddie se convirtió en una nueva evidencia presentada por activistas que hablan de la existencia de un "impuesto rosa" ("pink tax" en inglés).
Aseguran que numerosas empresas les cobran más a las mujeres que a los hombres por el mismo producto.
Los datos
Otros académicos estadounidenses insisten en que hay datos para verificar la existencia de esa tendencia.
En 2011, investigadores de la Universidad Central de Florida encabezados por Megan Duesterhaus y Liz Grauerholz encontraron que las mujeres pagaban más por desodorantes, cuchillas de afeitar y otros productos de higiene personal vendidos por cadenas nacionales.
En su artículo "El costo de la feminidad: disparidades de género en el precio de los servicios y productos de cuidado personal", los académicos sostienen que de 100 salones de belleza estudiados, solo 15 cobraban lo mismo a hombres y mujeres.
En promedio, las mujeres pagaban US$35,02 por un corte de pelo simple, frente a los US$22,78 que pagaban los hombres.
El fenómeno se extendía a la compra de artículos de aseo personal. En promedio, encontraban los expertos, las mujeres pagaban US$1,44 por onza de desodorante frente a US$1,15 para los hombres.
"Las mujeres, de hecho, parecen estar dispuestas a pagar más por productos y servicios", en particular "por aquellos que las ayudan a cumplir con las expectativas de la sociedad sobre su feminidad", sostuvieron entonces las investigadoras.
Fenómeno global
La discusión en torno a la supuesta discriminación de género en el ámbito comercial parece ser también un fenómeno global que tiene manifestaciones diversas en distintos países.
En Francia, un grupo activista llamado "Georgette Sands" ha emprendido una campaña para denunciar lo que ellos consideran abuso por parte de cadenas nacionales de supermercados como Monoprix, que, aseguran, cobraban precios distintos a las mujeres en muchos productos.
En declaraciones a la prensa francesa a finales del año pasado, Monoprix se defendía diciendo que el mayor volumen de ventas a hombres en productos como las cuchillas de afeitar, les permitía ofrecer descuentos.
"Impuesto al tampón"
Y hace apenas unos días, los medios reseñaban la controversia desatada en Australia al saberse que el gobierno eximía del impuesto del IVA a productos considerados "esenciales" como el protector solar y los preservativos pero se lo cobraba a productos femeninos como los tampones o toallas higiénicas.
Lo que llevó a Subeta Vimalarajah, estudiante universitaria de Sydney, a emprender una campaña contra el llamado "impuesto al tampón".
"La mitad de la población menstrúa y no debería ser penalizada económicamente por ello", dijo entonces.
La petición, que consiguió 95.000 firmas de apoyo, cuestionaba por qué se tasaba un producto que la mayor parte de las mujeres están obligadas a comprar cada pocas semanas, mientras que el gobierno no lo considera suficientemente "necesario" para librarlo del impuesto.
Pese al apoyo que recibió entonces, el gobierno australiano no ha dado su brazo a torcer.
Lo que ha dado lugar también a discusiones sobre si esta es una nueva manifestación de sexismo en los precios que pagan las mujeres por sus productos.
¿Es legal?
La conducta de cobrar distinto a hombres y mujeres por el mismo producto no solo es controversial.
En varias partes es ilegal.
En 1995 California expidió una ley que prohibía la discriminación por género en los precios, conducta que ha sido replicada en otras partes de Estados Unidos.
Pero más allá de las discusiones legales, la controversia seguirá tocando fibras sensibles en la medida en que un grupo que compone la mitad de la población siga sintiendo que la discriminan en la caja registradora del supermercado.
