Hoy en día todavía hay 70 países en el mundo donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están castigadas por ley.
Cuando se cumplen 50 años de los disturbios del bar de Stonewall en Nueva York que supusieron el arranque del movimiento por los derechos de los homosexuales, resulta interesante observar dónde se protege y dónde se criminaliza actualmente a la comunidad LGBTI.
La situación de la homosexualidad difiere mucho entre países, desde los más protectores -que incluyen en sus constituciones la prohibición de discriminar por orientación sexual- a los que establecen pena de muerte contra quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo.
La organización ILGA -Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, con sede en Suiza pero con miembros en todo el mundo- publicó recientemente un mapa en el que muestra cuál es la situación legal de esta cuestión.
Este es el mapa y algunas conclusiones de los datos que se muestran en el mismo.
En nueve países del mundo, incluyendo tres latinoamericanos, existe una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual, sea de forma explícita o por decisión de la justicia.
Son Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiyi y Suiza. Esto implica, en teoría, que todas las leyes inferiores deben incorporar este principio y se consideran los países más protectores a nivel legal.
En Canadá, la protección constitucional se introdujo en la Carta de Derechos y Libertades mediante una decisión de la Corte Suprema.
Algo importante a tener en cuenta es que el mapa "no recoge la implementación efectiva" de estas medidas, le explica a BBC Mundo Lucas Ramón Mendos, autor principal del estudio en el que se basa el mapa, "Homofobia de Estado", publicado en marzo de este año.
"En los países donde hay más protección legal, esto no significa que la situación en el terreno sea segura o no haya hostilidad", asegura Mendos.
En México, por ejemplo, convive la máxima protección legal con una situación de "extrema violencia", dice Mendos.
El mapa no incluye tampoco datos sobre la protección legal de los transexuales, ya que solo habla de la orientación sexual y no de la identidad de género.
La protección con base en la orientación sexual protege primordialmente a las personas lesbianas, gays y bisexuales.
Pero sí indica las posibilidades de buscar la protección del Estado en caso de violencia y discriminación, así como cuáles son los avances legales que se han dado en los últimos años.
En América Latina ha habido "oportunidades políticas con gobiernos favorables a este tipo de reclamos", afirma Mendos, aunque en la actualidad "la tendencia es la contraria, de amenazas a los avances".
En el mapa se pueden observar también los países que ofrecen protección contra la discriminación en el empleo.
De ellos, en 52 existe una "protección amplia" contra la discriminación por orientación sexual. Esto incluye también el acceso a bienes y servicios, salud y educación. En América Latina son: Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú y Uruguay.
Otros 3 países latinoamericanos ofrecen protección contra la discriminación en el empleo, pero no en el resto de categorías: Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Entre los países con protección "limitada o dispar" se incluyen aquellos donde no hay leyes federales contra la discriminación, aunque sí estatales o locales.
En esta categoría están Argentina -donde hay leyes protectoras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Río Negro y la ciudad de Rosario- y Estados Unidos, entre otros.
El informe de ILGA también incluye datos sobre la situación de los crímenes de odio en los distintos códigos penales.
En 42 países están penados específicamente los crímenes de odio o se consideran un agravante las motivaciones de odio. En América Latina son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay.
En México no existen disposiciones que consideren estos delitos como agravantes a nivel federal, pero sí en algunos códigos penales locales, como el de Michoacán o Querétaro.
Criminalización
En el otro extremo del espectro están los países que criminalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo:
- En 70 países las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo son ilegales o están penalizadas de facto. De ellos, 26 castigan solo a los varones.
- 11 países castigan con la pena de muerte a las personas adultas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales consensuales, o esta es una pena posible técnicamente.
- 26 países tienen penas que van desde los 10 años de cárcel a la cadena perpetua.
- 31 países las castigan con hasta 8 años de cárcel.
- 2 países criminalizan de facto este tipo de relaciones.
ILGA también recogió datos sobre las conocidas como "terapias de conversión". Solo tres países del mundo las prohíben explícitamente: Brasil, Ecuador y Malta.
Además, en América Latina, Argentina prohíbe a los psiquiatras que puedan proporcionar "servicios" para cambiar la orientación sexual de las personas y Uruguay prohíbe cualquier diagnóstico de salud mental sobre la base exclusiva de la orientación sexual y la identidad de género.
En cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, en la actualidad son 26 países los que lo reconocen en todo el mundo. En América Latina son Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay.
En otros países ha habido disposiciones favorables de los tribunales.
En algunos casos, las leyes protectoras han acompañado un cambio social que ya era evidente. Pero en otros han sido las propias normas las que han actuado como promotoras del cambio.
En este segundo grupo, se incluirían países como México y Argentina, según Mendos.
