Por Juan Pablo Figueroa
Desorden administrativo, sobreprecios y denuncias por posibles casos de corrupción son parte de los antecedentes que ya investiga el Ministerio Público, y que la propia institución ha denunciado. Esto es parte de lo que podrá ver esta noche en un nuevo capítulo de Contacto.
Quien se asoma desde este local de repuestos y taller mecánico ubicado en avenida Independencia N° 4257, en Conchalí, es César Fuentes Campusano. 43 años, separado, padre de cuatro hijos y aficionado a las motos y las armas. Él es la cara visible de un grupo de empresas familiares que hasta hace poco era uno de los proveedores favoritos del Ejército. Su matriz: la sociedad Inversiones Capellán. Su negocio: la venta de repuestos y la reparación de vehículos militares.
Durante la última década, según datos de Mercado Público, las empresas de los Fuentes se adjudicaron más de 120 licitaciones y 1.800 órdenes de compra con la institución castrense. Esos contratos constituían el 60% de su negocio. Una lucrativa actividad que en 2015 se vino a pique.
Cuando se empezó a investigar en el Ejército el destino de miles de millones de pesos perdidos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, aparecieron cientos de facturas falsas de las empresas vinculadas a Capellán por trabajos que nunca se realizaron. En un período de apenas cuatro años, entre 2010 y 2014, el monto defraudado superó los $2.000 millones. Fue así que César Fuentes y su padre, el patriarca del clan, Raúl Fuentes Quintanilla, se convirtieron en protagonistas en una de las aristas del más grande desfalco que se haya gestado en la historia del Ejército, el llamado Milicogate.
Hoy los dos se encuentran formalizados en la investigación que dirige la Fiscalía Centro Norte. Se los acusa de defraudar al Fisco y haber cometido fraude tributario. Ambos están confesos de haber entregado facturas por trabajos que nunca se realizaron, por reparaciones de vehículos militares que cobraron sin jamás haber ejecutado los trabajos.
Pero el Ejército no ha sido su único cliente.
El 25 de agosto de 2016, Contacto lo grabó en la puerta de su taller mientras veía acercarse una enorme grúa de Carabineros con un carro lanza aguas. Desde su formalización a comienzos de enero, las puertas del Ejército prácticamente se le cerraron. Pero no así las de Carabineros.
Desde noviembre de 2015 y por un período de dos años, Inversiones Capellán tiene a su cargo la reparación de todos los carros lanza agua que posee Carabineros. Fue la única oferta en la licitación que dio origen a ese contrato. El acuerdo establece que el traslado de los vehículos es con cargo a la empresa. Algo que no siempre se cumple ya que Contacto grabó algunos carros siendo trasladados por grúas de carabineros.
Eso fue lo que ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando Fuentes fue captado afuera de su taller. El carro lanza agua que llegó ese día está asociado a una orden de compra que incluye además otros dos vehículos similares, por cuya reparación Capellán cobraría unos $ 14 millones (ver orden de compra).
En el portal de Mercado Público aparecen cientos de contratos adjudicados por Carabineros a los dueños de Capellán por repuestos, reparaciones y mantenciones de parte de su flota vehicular. Su especialidad: los vehículos de Fuerzas Especiales. Sólo en los últimos seis años, la institución ha emitido unas 766 órdenes de compra a nombre de alguna de las empresas de la familia Fuentes. El monto facturado supera los $ 3.915 millones.
Contacto siguió durante meses la pista de esos negocios y descubrió que parte de las irregularidades en los contratos de Fuentes con el Ejército se repiten en Carabineros.
Un informe de auditoría interna que realizó la Inspectoría General de Carabineros sobre los procesos del Departamento de Transportes de la institución –más conocido como L3–, da cuenta de diversas irregularidades vinculadas a las empresas del Grupo Capellán. El documento está fechado a fines de mayo de este año y revela, entre otras cosas, sobreprecios, cobros doble, falta de documentos que permitan acreditar la ejecución de servicios contratados, adquisiciones por fuera del sistema de compras públicas, cobros por trabajos no estipulados en los contratos y uso de empresas relacionadas para adjudicarse tratos directos por menos de 10 UTM.
La gravedad de los antecedentes llevó a Carabineros a denunciar a Capellán a la justicia, en la misma fiscalía que hoy investiga el caso Milicogate. Aun así, siguen ejecutando los contratos.
Le preguntamos al general Nabih Soza, jefe de la unidad que realizó la auditoría, por qué Carabineros sigue adjudicando servicios a una empresa tan cuestionada y cuyos dueños están confesos de haber defraudado al Ejército en contratos similares. “En el caso de Capellán, es la única empresa que hace mantención de vehículos pesados nuestros. Y eso no nos ha permitido encontrar otra empresa que pueda solucionar ese tipo de desperfectos. Es una situación que obviamente es incómoda, porque es una empresa que nosotros mismos denunciamos este año”, dijo el general.
Pero el grupo Capellán es sólo uno entre varios actores que compiten en las licitaciones para mantener y reparar los vehículos policiales, cuyo buen funcionamiento es clave para que puedan cumplir su rol preventivo y policial.
El negocio de reparar autos policiales
Carabineros posee cerca de 10.000 vehículos en todo el país. En el desierto, en la cordillera, en el campo y en las ciudades. Cada radiopatrulla, furgón, camioneta, moto o bus es clave para el cumplimiento de las funciones policiales. Debido al uso, el desgaste es mucho mayor que el de un vehículo normal, por lo que la calidad de las reparaciones es fundamental. Sobre todo si se considera que más de la mitad de la flota ya cumplió su vida útil. De eso da cuenta un informe interno de la institución al que tuvimos acceso[1].
Ese mismo documento detalla las altas sumas de dinero que Carabineros invierte para mantener y reparar sus vehículos. Los costos asociados se estiman en un total anual que supera los $ 18.215 millones. En otras palabras, para mantener la flota en óptimas condiciones, cada mes se debieran destinar más de $ 1.500 millones.
Entre 2013 y 2015, Carabineros dispuso más de $24.754 millones para la reparación y mantención de vehículos. Y este año, el presupuesto disponible supera los $5.313 millones. La mayor parte se ha quedado en la Región Metropolitana, donde Carabineros opera cerca de 4.000 automóviles.
Pero existe una serie de antecedentes que acusan un profundo desorden administrativo al interior del Departamento de Transportes de Carabineros, que podrían ser la pista que lleve a posibles casos de corrupción para obtener y mantener los contratos.
Las acusaciones apuntan principalmente a dos empresas. Por un lado está la familia Fuentes y su grupo Capellán. Por el otro, SERVICAR, la firma que hoy domina este mercado a través de un trato directo que le asegura el control del negocio por los siguientes tres años y una facturación garantizada por al menos $7.500 millones al año.
Los antecedentes ya han sido cuestionados en distintas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y en revisiones internas hechas por la Inspectoría General de Carabineros. También hay una investigación en curso a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya recibió oficialmente información para resolver si toma cartas en el asunto. Hay denuncias a la justicia de algunas empresas e incluso de los mismos Carabineros.
Un completo informe del caso este domingo en un nuevo capítulo de Contacto: “Contratos bajo sospecha”.
[1] Documento del L3: “Justificación déficit presupuestario en mantenimiento y reparación de vehículos”
