Tal como lo había anunciado, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), presentó una querella criminal "en contra de todos aquellos que resulten responsables" en lo que acusa sería un delito de violación de secretos según lo previsto en el Código Penal.
Lo anterior, ya que su teléfono fue interceptado en el marco de la investigación de un caso de tráfico de inmigrantes y cohecho, después que el empresario Álvaro Jofré consultó al senador y a otras autoridades de cómo podía gestionar las visas de 32 ciudadanos chinos. Y las escuchas fueron difundidas por la prensa.
En la querella presentada por Zaldívar, texto al que accedió T13.cl describen una serie de hechos sobre los que piden encontrar responsables. Entre estos, destacan la publicación de La Tercera del pasado 22 de noviembre en que su titular fue "Fiscalía investiga al presidente del Senado por casos de cohecho” y en su interior, “Andrés Zaldívar es indagado como imputado por caso de tráfico de migrantes y cohecho”.
La acción judicial detalla que, "la nota aparece firmada por el periodista don Felipe Díaz. Luego, en la bajada de la noticia, se señala que "la Fiscalía Centro Norte investiga a empresario por el ingreso de 32 ciudadanos chinos. Informe da cuenta de las conversaciones telefónicas del presidente del Senado".
Tras esto, se plantea que "en el mencionado reportaje se informó sobre una investigación penal llevada adelante por el Fiscal Sr. Marcelo Carrasco, de la Fiscalía Centro Norte, por los delitos de tráfico de migrantes y de cohecho, identificando como personas involucradas en los hechos, entre otros" a Zaldívar.
El documento argumenta luego que según el artículo el fiscal Carrasco "habría solicitado, como diligencia de investigación, al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, 'continuar con el monitoreo de este teléfono del imputado senador Andrés Zaldívar Larraín'".
Con estos antecedentes, la querella pide orden de investigar a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Chile, se cite a prestar declaración a Felipe Díaz, periodista del La Tercera y al fiscal Marcelo Carrasco.
El documento afirma que el la obligación del "secreto ha sido vulnerada en relación a la
investigación señalada, toda vez que el periodista que firma la noticia accedió a piezas de la investigación, quien las divulgó a través de un medio de comunicación, aun cuando sólo podrían haber tenido acceso a ella los funcionarios públicos competentes".
Tras esto, destacan que Zaldívar "no solamente no había intervenido hasta ese momento en la investigación en cuestión, sino que además tomó conocimiento informal de la existencia de la misma –en rigor, de 'una investigación penal'- a raíz de una llamada telefónica del periodista Sr. Díaz".
En este marco y para proyectar las penas que buscan, citan al Código Penal y afirman que "el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente".
Y que "si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales. Las penas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán, según corresponda, al empleado público que indebidamente anticipare en cualquier forma el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados”.
