Fue durante más de una hora y media que el abogado, militante DC y ex subsecretario, Jorge Correa Sutil, hizo una férrea defensa de la legalidad del actuar del ministro de Salud, Emilio Santelices.
En su presentación ante la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del secretario de Estado por el polémico cambio en el protocolo de la ley de despenalización del aborto, que luego fue declarado ilegal por la Contraloría, Correa afirmó tener la "esperanza" de que "esta no sea una votación en bloque". "Tengo la esperanza de que parlamentarios del Frente Amplio la voten en contra luego de haber escuchado la defensa", agregó.
En su intervención negó un actuar ilegal de Santelices y aseguró que, tras el cambio al protocolo que posibilitó la objeción de conciencia institucional, "ninguna mujer que pidió atención para interrumpir su embarazo dejó de ser atendida".
Estos son los ejes de su defensa
Uso de reglamento y caso "igual" al de la ministra Castillo
El primer capítulo de la acusación apunta a que la objeción de conciencia se debería haber dictado por un reglamento y no por un protocolo.
Al respecto, Correa Sutil apuntó a que fue la misma ley la que mandató a un protocolo para establecer la objeción de conciencia, "y por lo tanto amplió la órbita de lo que eran los protocolos y por lo tanto era plausible, era razonable, sostener que esto se tenía que regular por protocolo, como lo hizo -por lo demás- la anterior ministra de Salud, que no ha sido acusada constitucionalmente, tratándose de casos iguales al menos en el capítulo primero".
"Ninguna mujer dejó de ser atendida" por cambio
El capítulo II del libelo apunta a que, con su actuar, Santelices habría vulnerado derecho a la salud y que se habría privado a personas de prestaciones médicas.
Lo primero que señaló el militante DC es que "había que darle valor por ordenarlo así la ley, a dos principios que podían estar tensionados: la objeción de conciencia institucional -según reconoció el TC- y el derecho a la salud. me parece que el protocolo 2 equilibró de una manera distinta al protocolo 1, pero eso pasa cuando hay alternancia en el poder y cambios de gobierno".
Sobre los efectos del cambio, afirmó: "Mientras rigió el protocolo, antes de que lo dejara sin efecto la Contraloría, no se autorizó a ninguna entidad de las que tenían en convenio del DFL-36 para hacer objeción de conciencia institucional. La acusación radica en este punto, en haber permitido a organismos con convenio hacer objeción de conciencia".
"Por lo tanto, por efecto del protocolo 2, ninguna mujer que pidió atención para interrumpir su embarazo dejó de ser atendida en razón del protocolo. Por lo tanto, no hay aquí ninguna infracción de ley, no hay ningún resultado de no prestación de servicio", sentenció.
Es así que durante la sesión afirmó que "la lógica nos obliga a concluir que el protocolo 2 no puede haber impedido una prestación de salud consistente en la interrupción del embarazo".
"No puede haberlo producido porque la gran acusación contra el protocolo 2 es que autorizó a hacer objeción de conciencia a las entidades que tenían DFL-36, pero ninguna de ellas hizo objeción de conciencia y fue autorizado. Ergo, no puede haber lógicamente -no fácticamente- ningún caso", remarcó.
Objeción de conciencia es una "conquista"
Finalmente, el capítulo III de la acusación cuestiona al ministro por no dar una interpretación restrictiva a la objeción de conciencia.
Sobre este punto, Correa Sutil afirmó: "Defendí con fuerza que la objeción de conciencia era una conquista, que por ella había luchado Martin Luther King, por ella había luchado Mandela, Ghandi, y que no merece el desprecio de nadie porque era una conquista que si bien es excepcional no merece una interpretación que la reduce a cero en las pocas oportunidades en que el legislador la reconoce".
