Un escrito de dos páginas enviarán, este miércoles, diputados de la UDI y RN a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) con el fin de que la entidad independiente e internacional revise la parcialidad de la Contraloría General de la República (CGR) de Chile.
La decisión de los parlamentarios oficialistas se dio luego de la sorpresa y molestia que generó -incluso en el gobierno- el sumario de la Contraloría, dirigida por Jorge Bermúdez, en el que se formulan cargos contra siete generales del alto mando de Carabineros, por su presunta responsabilidad en los operativos del estallido social de octubre pasado.
El objetivo de la solicitud es que Olacefs determine si hubo o no sesgo de la entidad en este caso o, si bien, se excedió en sus facultades fiscalizadoras.
“El contralor ha demostrado una clara intencionalidad política en contra de Carabineros, porque, en la realidad, este sumario no se inició por las más de 450 denuncias que dice haber recibido, sino por 12 de ellas; seis de las cuales no establecen hechos concretos ni que obliguen a asumir responsabilidad, ni manifiestan posibles culpables. De las otras seis, al menos la mitad ya se encuentran en investigación, ya sea en Carabineros o en la justicia”, explica a T13.CL el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma.
Su par de RN Camila Flores agrega que “el contralor está inmiscuyéndose y está yendo mucho más allá de lo que son sus atribuciones como órgano fiscalizador”.
¿Qué dice el texto a Olacefs? Los diputados solicitantes advierten del escenario que se puede dar en el país en torno a un eventual exceso de atribuciones.
“Sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias de tener órganos contralores cooptados por el gobierno de turno o permeados por la corrupción. Basta con hacer una mirada a nuestra región para darnos cuenta de lo grave que resulta lo antedicho. Que el narcotráfico es capaz de permear a las instituciones, que la corrupción y el abuso de poder son capaces de llevar un país a su ruina”, se afirma en la solicitud, a la que tuvo acceso T13.CL.
En ese sentido, los parlamentarios explicitan que debe haber “contrapeso” en quienes fiscalizan y que el poder no puede estar concentrado en solo una persona. De esa manera justifican la petición. “Queremos que ellos nos digan si esto se encuadra dentro del margen de los órganos fiscalizadores desde el punto de vista internacional, si es aceptable o no”, sostiene Flores.
La historia del oficialismo con el contralor Bermúdez ha sido compleja. La UDI lo ha cuestionado es más de una oportunidad e, incluso, la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe lo ha acusado de tener una “obsesión” por investigar los municipios que “no son de izquierda”. Esto, luego de que Bermúdez denunciara irregularidades en La Florida (Rodolfo Carter, exUDI) y en Viña del Mar (Virginia Reginatto, UDI).
El año pasado, incluso, la UDI le pidió la renuncia a Bermúdez por la existencia de distintas fórmulas para calcular el déficit financiero de los municipios del país. En ese entonces, el propio contralor respondió en duros términos a la colectividad: “¿Por qué voy a renunciar, no ve que estamos haciendo el trabajo?”.
Ahora se trata de una nueva arremetida, dicen en Chile Vamos, que busca marcar “un antes y un después” en el actuar de la Contraloría.
“Herramientas ideológicas”
Los diputados oficialistas enfatizan a la entidad internacional que es esencial para las democracias que “las Contralorías Generales no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos”.
En ese sentido, los diputados subrayan que las contralorías no solo deben actuar “dentro de la esfera de sus competencias” sino que lo debe hacer con “objetividad” y “sin dar concesiones o un trato indulgente a quienes resultan afines a sus ideas político-partidistas”.
En torno al caso específico de Carabineros, dicen que la Contraloría actuó de forma “inusual”. Dado ese escenario, agregan, no pueden “anticipar las consecuencias para el devenir de la institución policial de Chile”.
Los diputados finalizan el texto dando cuenta de que “respetan” la institucionalidad de la Contraloría. “Reconocemos la tremenda labor que cumple es pos del resguardo de la legalidad y transparencia y la función pública. Sin embargo, creemos que dicha actuación debe ser siempre imparcial”, concluyen.
Coloma recalca a este medio que “resulta absolutamente inentendible la persecución de la Contraloría, que queda graficada en la citación a prácticamente todo el alto mando de Carabineros”.
Si bien no existe un plazo de la entidad para responder este tipo de solicitudes, la diputada Flores afirma que, “de conformidad con lo que se nos pueda responder, nosotros vamos a ver los conductos a seguir”.
