El proyecto impulsado por senadores de oposición, que plantea indultar a aquellas personas que han resultado detenidas en el contexto de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre pasado, aún no inicia su trámite en la Cámara Alta. Sin embargo, la controversia que ha desatado ya ha provocado que el Presidente Sebastián Piñera anunciara su intención de vetar la iniciativa en caso de que ésta avance en su tramitación en el Congreso.
En la UDI, sin embargo, plantean que hay que redoblar esfuerzos para impedir que la norma vea la luz. Por eso, encomendaron a la Fundación Jaime Guzmán un estudio jurídico que verificara la constitucionalidad del proyecto, en línea con la idea de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar su tramitación.
La decisión aún se encuentra en etapa de evaluación, pero desde ya, la bancada de diputados gremialista emplaza al gobierno a asumir ellos la decisión de acudir al TC.
"Le pedimos al gobierno q analice la posibilidad de recurrir ahora al TC por el proyecto de indultos. Nosotros tomamos la iniciativa en el proyecto del negacionismo cuando muchos querían esperar su total tramitación, el requerimiento se presentó y se ganó en forma contundente y creemos que el gobierno no debe esperar al final para vetar un proyecto que en forma preliminar es contrario a la constitución y la ley", sostiene la jefa de la bancada, María José Hoffmann.
"El derecho a la vida, a la seguridad de las personas, a la propiedad pública y privada, al derecho a vivir en paz está sin duda por sobre una iniciativa que busca amparar y entregar impunidad a la delincuencia", añade la diputada, quien próximamente se convertirá en secretaria general de la colectividad, en la directiva que presidirá el también diputado Javier Macaya.
La ofensiva genera consenso al interior de la bancada gremialista. "Si nuestro parlamento no es capaz de hacer primar la sensatez y se da esta señal nefasta para el Estado de Derecho, donde un poder del Estado se cree con la potestad de inmiscuirse en el Poder Judicial, no respetar o no esperar sentencia y perdonar a los que todo quemaron -olvidando que también hay victimas de esas quemas, de esos saqueos, de esa destruccion-evidentemente que el TC es una opción", señala el diputado Jorge Alessandri.
En el informe de la Fundación se subraya que "el proyecto de ley transgrede la prohibición impuesta por la Constitución al legislador en cuanto se le impide abocarse a causas pendientes, toda vez que esa es una facultad privativa de los Tribunales de Justicia y, en consecuencia al Poder Judicial".
"De acuerdo a los estudios que nos han entregado nuestros abogados, el proyecto tiene claros vicios de constitucionalidad. Tenemos que ser fuertes y claros en el mensaje que se entrega a la ciudadanía, porque este es un proyecto que avala la destrucción, los incendios, la violencia y eso genera ambiguedad; el ciudadano se confunde y nos dicen 'cómo avalan estos proyectos'. Entonces nosotros tenemos que dejar claro que no avalamos este proyecto que, por lo demás, busca pasar por encima de la Justicia", señala el diputado Gustavo Sanhueza.
"Es absolutamente necesario acudir al Tribunal Constitucional para que quede en claro que es un proyecto inconstitucional y así entregarle tranquilidad a la gente que sufrió el flagelo de toda esta delincuencia", añade el parlamentario.
"El gobierno está para hacer cumplir las leyes en nuestro país y entiendo que van a acudir al Tribunal Constitucional", sentencia el diputado.
