Finalmente mañana miércoles a las 14:00 horas el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte entregará la sentencia para los nueve bolivianos detenidos el pasado 19 de marzo en un confuso incidente, por el cual se les imputaron los delitos de robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando.
Tras la audiencia realizada hoy, en la que los ciudadanos altiplánicos aceptaron la realización de un procedimiento abreviado, renunciando a un juicio oral, y aceptando los hechos de la acusación, la defensa encabezada por el abogado chileno Claudio Vila, resaltó que los imputados estaban en medio de un procedimiento contra el contrabando cuando fueron detenidos, y aseguraron reiteradamente que no sabían que habían traspasado la frontera con Chile, pese a que utilizaban una aplicación para dispositivos móviles que indicaba su posición.
"No había forma de que hubiese conocimiento de traspaso de frontera, por eso esta defensa indica que sí corresponde reconocerles a ellos que comienzan el operativo en cumplimiento de su deber, desarrollan el cumplimiento de su deber pensando que estaban en territorio boliviano, y finalizan su actuar pensando que estaban en terrotorio boliviano", dijo la defensa en la audiencia.
La defensa también indicó que "solicitamos que se absuelva a los imputados de los delitos que se les ha acusado", y que en caso de que se les declare culpables, se les sustituya la pena por la expulsión del país.
Postura de la fiscalía
En tanto, la fiscalía encabezada por el persecutor de Pozo Almonte, Hardy Torres, solicitó que se les declare culpables de los tres delitos imputados y se les multe con el pago de 32 millones 176 mil 272 pesos.
En una larga exposición el Ministerio Público relató los hechos, que fueron aceptados por los imputados al momento de aceptar el procedimiento abreviado, mostrando incluso un mapa donde se situaron las acciones, graficando así que la detención de los ciudadanos bolivianos se produjo en territorio chileno.
"Había claridad que estaban ingresando en un lugar no habilitado para aquello, ese paso no está en las rutas de su país para el comercio de mercancías", indicó el fiscal.
Además, agregó que alegar que estaban en cumplimiento de su deber no los exime de responsabilidad al estar en territorio chileno. "No hay ninguna norma que habilite la posibilidad de alegar esa causal de justificación en Chile, en segundo término tampoco le van a poder explicar a través de una norma legal la posiblidad de no tomar detenidos a aquellos sujetos que están cometiendo un delito flagrante", dijo el persecutor al momento de aludir al hecho de que los imputados tomaron un camión con mercancía sin detener a quienes manejaban el vehículo.
Tras los alegatos de las partes, la magistrada dio la palabra a los detenidos, los que alegaron inocencia y aseguraron confiar en la justicia chilena. "Me sorprende que de ser fiscalizadores del delito de contrabando hayamos sido sometidos a proceso por el delito de contrabando, de haber realizado la fiscalización sin la mínima intención de apropiarnos del camión, se nos haya sometido a un proceso por el delito de robo... Me siento sorprendido con esta situación, confío en que se va a hacer justicia", dijo en su oportunidad el imputado Diego Guzmán.
Un caso que tensionó las relaciones entre Chile y Bolivia
El caso, que ha aumentado la tensión entre Chile y Bolivia, ha motivado incluso una campaña en redes sociales para la liberación de los ciudadanos altiplánicos, encabezada por el propio presidente de ese país, Evo Morales.
En ese contexto, esta mañana Morales llamó a través de su cuenta en Twitter al gobierno chileno a "cumplir principios de bilateralidad y reciprocidad", acusando además de "abuso de poder" por la detención.
