La ministra del Interior, Carolina Tohá, desmintió las acusaciones del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien acusó al Gobierno de Gabriel Boric de intervenir ante el Ministerio Público para que se instruyera un sumario contra el fiscal que le habría entregado información a la municipalidad sobre investigaciones vinculadas al narcotráfico, para colaborar en la demolición de “narco casas”.
“Nosotros no tenemos ninguna polémica y no hemos hecho ningún telefonazo”, dijo la ministra Tohá a T13, luego de las acusaciones de Carter.
Este jueves Carter aseguró que su plan de destrucción de "narco-casas" bajo la potestad de demoler ampliaciones irregulares se ha hecho con plena transparencia y en colaboración. "El jefe del Ministerio Público (Ángel Valencia) dijo en la mañana que era muy bueno que colaboraran, en un giro inexplicable al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entregó esta información".
Luego, apuntó directamente contra el Ejecutivo: "Sabemos lo que pasó, nadie cambia de opinión en 8 horas. Aquí hubo un telefonazo. El gobierno, además, como se le sale la cola al gobierno permanentemente debajo del poncho, no pueda ya con sus contradicciones. Es un gobierno que dice que va a perseguir a los delincuentes y los indulta, es un gobierno que dice que no conoce los antecedentes y después los reconoce, dicen que el Presidente no sabía y echan a una ministra y después dicen que lo sabía"., expresó.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ya había respondido las acusaciones de Carter y las había calificado de “infundadas y falsas”.
Polémica por filtración de información sobre “narco-casas”
El alcalde de La Florida ha llevado adelante la mediática demolición de dos “narco casas” en lo que va del año, idea que no ha sido respaldada por el gobierno.
El miércoles, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó que le proporcionaron “de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes, judicializadas con personas formalizadas y algunos privados de libertad por delitos contemplado en la Ley 20.000 (Ley de droga) y otros ilícitos".
Por este hecho, el Ministerio Público inició un sumario administrativo contra el fiscal involucrado en la entrega de información.
