La Superintendencia de Salud ingresó una solicitud a la Corte Suprema para prorrogar por otros seis meses la aplicación del fallo contra las isapres, que deben devolver el dinero cobrado extra a sus afiliados por el alza injustificada en sus planes de salud.
El organismo ya había pedido una prórroga de seis meses para aplicar el fallo, la que vence el 30 de noviembre. En su escrito ante la Corte Suprema, la superintendencia justifica su pedido con la tramitación de la ley que ingresó el gobierno y que aún no es acordada en el Congreso Nacional.
“A juicio del Ejecutivo se requiere una modificación legal que se tramite y apruebe en el Congreso Nacional; juicio que comparte este organismo. Básicamente, como se expuso en la presentación que consta en el folio 55 del expediente digital se requiere de una iniciativa que, en primer lugar, entregue competencias adicionales a las que ya posee esta Superintendencia de Salud, en virtud del eventual impacto que la implementación pudiera generar en la continuidad de las presentaciones y coberturas para los beneficiarios del sistema de isapres”, dice el recurso.
“En segundo lugar, que regule explícitamente el pasivo financiero de las instituciones de salud previsional, sobre todo, en cuanto a su incidencia en los indicadores de liquidez y patrimonio. Todo ello, sin perjuicio de otras normas que permitan fortalecer el sistema de salud en general”, añade.
Fallo contra las isapres
La Superintendencia de Salud cifró en más de 1,1 billón de pesos el monto total que las isapres deben devolver a 725 mil usuarios, por el alza en el precio indebido en los planes de salud de sus afiliados.
La propuesta del Gobierno de Boric ingresada al Congreso otorga un plazo de seis meses a las isapres para que presentaran un plan para pagar la deuda con sus afiliados, aunque esta ha sido cuestionada por la oposición.
“La importancia de la tramitación de este proyecto de ley y su aprobación es determinante para asegurar de buena forma la continuidad de las presentaciones y coberturas para las personas beneficiarias del sistema, cuestión que puede verse comprometida ante el eventual incumplimiento de los indicadores financieros que fiscaliza esa superintendencia, con el consiguiente riesgo de caer algunos actores en planes de ajuste y contingencia y, posteriores eventuales insolvencias”, insistieron desde la superintendencia.
