Esta mañana ingresó oficialmente a la oficina de partes del Senado el proyecto que elimina las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), reemplazándolas por el Instituto de Seguridad Social de Chile, organismo público y descentralizado, para lo que elimina el decreto ley 3.500 que dio origen a las AFP en el año 1980. De esta manera, se nacionalizarían los fondos de pensiones.
La iniciativa, suscrita por los senadores Ximena Órdenes (PPD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (País Progresista), Alfonso de Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), está compuesta de 13 artículos, en los que además de eliminar el actual sistema, establece la creación de uno de Pensiones Solidarias, que contemplará la Pensión Básica Universal, Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia. Mientras que la Pensión Básica Universa, será equivalente al Salario Mínimo Garantizado.
Asimismo, la iniciativa sostiene que el Sistema de Pensiones Solidarias será financiado con una contribución igual del trabajador y el empleador y con aporte estatal, que será definido en la Ley de Presupuesto cada tres años.
El proyecto establece, además, que los trabajadores, menores de 60 años si son mujeres y menores de 65 si son hombres, "estarán obligados a contribuir al Fondo Nacional de Pensiones Solidarias y a la Reserva Técnica Legal, obligatoria, el 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles" y a partir del año 2027 la citada contribución se rebajará en 1%.
También "se restituye el aporte patronal, que será equivalente al aporte del trabajador. Este aporte deberá alcanzar un 9% y se incrementará gradualmente de manera proporcional hasta el año 2026", señala la propuesta, que adicionalmente sostiene que "se deberá efectuar una contribución tripartita, del 4%, destinada a financiar el Seguro Social Nacional, aportes adicionales de las pensiones de invalidez, sobrevivencia, lagunas previsionales, de cesantía". Seguro que será adjudicado mediante licitación pública, a una aseguradora nacional, con clasificación triple A, por al menos dos clasificadoras de riesgo.
La normativa propuesta crea el Instituto de Seguridad Social de Chile, organismo público descentralizado, por tanto, con patrimonio propio; que estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Para todos los efectos legales será considerado sucesor y continuador de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de Previsión Social e Instituto de Seguridad.
Una de las suscriptoras del proyecto, la senadora Provoste señaló es que "hemos presentado no sólo la derogación del decreto 3.500, sino todo un itinerario de cómo llegamos a un sistema de pensiones solidario, con una administración pública que tenga un solo propósito: el pagar pensiones dignas a los chilenos". Explicó, además, que el 60% de los países que en su momento privatizaron el sistema previsional ya lo ha revertido. Concluyó asegurando que "hoy es el tiempo para este debate".
Por su parte, el autor de la iniciativa, senador Navarro calificó como "histórico" el ingreso a trámite de este proyecto de ley, que "busca la derogación del decreto 3.500, fundador de las AFP. Lo que queremos es terminar con el sistema de AFP y reemplazarlo por un sistema de pensiones solidarias, pensión básica universal, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia, bajo el Fondo Nacional de Pensiones Solidarias y Fondo de Reserva Técnica", es decir, la creación de una institucionalidad que permita administrar este nuevo fondo, que es el Instituto Nacional de Pensiones.
Navarro invitó a quienes se oponen a terminar con las AFP "no se nieguen al debate" planteando la inadmisibilidad del proyecto. Mientras que el representante de No+AFP, Luis Mesina, se mostró "muy conforme, muy contento, que después de 39 años un grupo de senadores de la República haya acogido la demanda (...) de avanzar hacia la restitucipon de un derecho".
