El ex senador de la UDI Jaime Orpis, quien se convirtió, este viernes, en el primer político condenado a pena de cárcel, insistió en que no cometió cohecho, uno de los delitos por los que se le condenó a cinco años de cárcel. Además, aseguró que recurrirá a instancias para apelar a esta sentencia.
“Así como desde el principio asumí y respondí por lo relacionado al financiamiento de la política, independiente de que haya sido una práctica general, hoy reitero con toda mi fuerza, que no cometí cohecho”, aseguró Orpis.
“Nunca nadie compró mi conciencia ni mi voto, ni vendí mi libertad. Hoy fui condenado por ese delito del que soy inocente y hasta el último día de mi vida sostendré esa inocencia. Recurriré a todas las instancias que la ley otorga para revertir este fallo”, agregó haciendo referencia a que irá a la Corte de Apelaciones para intentar revertir el fallo.
El senador de la UDI fue condenado a cinco años y un día por seis delitos de fraude al fisco. De acuerdo al Ministerio Público, el ex senador simuló la contratación de asesorías parlamentarias por las cuales se entregaban boletas ideológicamente falsas al Senado, para posteriormente reembolsar los montos por actividades sobrevaloradas o derechamente no realizadas.
Otra condena de 600 días recibió Orpis por dos delitos de cohecho. En este caso el tribunal acreditó que el ex parlamentario solicitó y recibió beneficios económicos del entonces gerente General de Corpesca, Francisco Mujica.
Esto se materializaron en la entrega de boletas de prestación de servicios ideológicamente falsas de terceros, a cambio de votar y argumentar a favor de los intereses de la empresa durante la tramitación de la Ley General de Pesca, infringiendo los deberes de su cargo.
Orpis debería cumplir en total 1.301 días, considerando los días en que estuvo en arresto domiciliario o prisión preventiva.
Si se consideran los días de abono al total de la condena, el ex senador permanecería 1.125 días tras las rejas, lo que se traduce en poco más de tres años. Sin embargo, a la mitad de su condena podría solicitar beneficios.
A las penas de cárcel se suma la inhabilidad para ejercer empleos públicos durante la privación de libertad, sumado a la pérdida de sus derechos políticos, y multas por 109 millones de pesos, las que podrá cancelar en doce cuotas.
