A tercer trámite pasó el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia.
Esto luego que el Senado despachara el proyecto y aprobara las modificaciones introducidas ayer por la Comisión de Constitución a las sanciones contempladas en el proyecto.
La iniciativa impide el financiamiento de empresas a las campañas, elimina los aportes reservados y dota al Servel de mayores facultades fiscalizadoras, entre otras cosas.
Para el presidente del Senado, Patricio Walker (DC) “este proyecto viene a poner término a la relación inapropiada entre el dinero y la política”.
"Este proyecto ayuda a que existan estándares de probidad y transparencia muchos más altos para las campañas políticas. Esto es parte de la agenda de probidad y transparencia que estamos empeñados en aprobar, para dejar una institucionalidad muy sólida y robusta en materia política en Chile, destacó”.
Penas de hasta 3 años por aportes de empresas
Ayer la Comisión de Constitución acordó fijar sanciones de hasta tres años y una multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido en los casos de aportes por parte de personas jurídicas. Eso sí, se pasó de presidio en su grado medio (541 días a 3 años) a presidio en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años), lo que implica que si bien se mantiene el máximo de la pena se baja el mínimo de ésta.
Sin embargo se fija la posibilidad de que en casos "excepcionales" cuyos montos sean inferiores a 50 UF ($1 millón 280 mil aprox) el Servel pueda "prescindir" de denunciar o querellarse frente a estos hechos, sin perjuicio de las acciones administrativas que correspondan.
Por otro lado, se acordó fijar penas desde el presidio menor en su grado mínimo hasta su grado medio (61 días a 3 años) y una multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido a el que "usando procedimientos distintos a los contemplados en esta ley y en la ley N° 18.603", otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, cuyo monto excediere en un 40% lo permitido por la ley, sea de manera individual o en el conjunto de los aportes permitidos.
Adicionalmente se consagró dentro de la normativa la pérdida del cargo para quienes incurran en faltas graves como "haber sobrepasado en un 25% el límite al gasto electoral permitido por esta ley, siempre que dicho porcentaje sea superior a 100 unidades de fomento”.
La iniciativa forma parte de la agenda de probidad y transparencia con que se busca fijar nuevas reglas del juego tras los casos de corrupción que investiga la fiscalía (Penta, SQM, Corpesca y Caval). Por otro lado, se trata de uno de los proyectos definidos como prioritarios para despachar antes del receso legislativo de febrero.
